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El intendente Ariel Sujarchuk realizó una denuncia penal en la que declaró haber recibido un mensaje anónimo de tinte extorsivo por correo electrónico, según informaron voceros de Unión por la Patria.
De acuerdo a la versión que se difundió a los medios, el mensaje recibido por Sujarchuk advertía y amenazaba al intendente con dar a conocer “información sobre un ex funcionario de su gestión y un supuesto hecho de corrupción que también lo involucraría”.
“En la denuncia se deja de manifiesto el carácter intimidatorio de dichos mensajes y el objetivo de generar un hecho mediático con intenciones políticas”, afirma un comunicado enviado el sábado a las redacciones periodísticas desde la fuerza política por la que el intendente se postula a un tercer mandato.
La denuncia penal impulsada por el jefe comunal solicita una “investigación urgente”, así como “arbitrar medidas judiciales y policiales para individualizar a la persona que cometió el delito de acción pública de extorsión con la clara finalidad de difundir información falsa e injuriar a los funcionarios públicos”, señala el texto oficial.
“No podemos permitir las amenazas y las provocaciones mediáticas que, lejos de tener una función constructiva, debilitan los procesos democráticos, ensucian gratuitamente a las personas y atacan las instituciones”, expresó Sujarchuk en el mencionado comunicado.
Una coincidencia sugestiva
Desde Unión por la Patria no dieron más precisiones sobre el tema, ni qué día recibió Sujarchuk la amenaza ni en qué sede judicial radicó la denuncia. No obstante, señalaron que el hecho ocurrió “esta semana”.
Coincidentemente, el pasado miércoles tomó estado público una causa por supuesto lavado de activos en la que se menciona a varios funcionarios oficialistas; entre ellos el ex secretario de Infraestructura del Municipio, Diego Benítez, quien desde septiembre de 2021 se desempeña como subsecretario de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires.
Los otros funcionarios involucrados en esa versión son José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; Carlos Montaña, director del Ministerio de Seguridad de la provincia; Matías García, director del servicio de Agua y Alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, y la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno del gobernador Axel Kicillof.
Todos y cada uno negaron enfáticamente las acusaciones que se les asignan en el artículo publicado por La Nación con la firma del periodista Carlos Pagni.
La nota revela que el abogado Dennis Hranitzky, que representa a bonistas de fondos buitres que ganaron un juicio contra el Estado bonaerense, presentó ante un juzgado de Nueva York un escrito en el que señala que varios bancos habrían informado que los nombres de estos funcionarios aparecían vinculados a sospechosos movimientos de fondos.
Según Hranitzky, Montaña y Benítez “parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años”.
Benítez afirmó que su patrimonio “está totalmente declarado ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción”, aseguró que “extremó” la transparencia desde que es funcionario público y consideró que la publicación de la información tiene motivaciones electorales. Además, sostuvo que tiene un “modo de vida modesta” y dijo que es “absolutamente falso” lo que se señala de él.
Haciéndose eco del artículo publicado en La Nación, dirigentes opositores presentaron una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra los cinco funcionarios sospechados en Estados Unidos de mover dinero negro. El caso, por sorteo, le tocó al juez Julián Ercolini.
Todo mi respaldo al Ing. Diego Benítez, víctima de una campaña sucia de desprestigio. Exigimos a @LANACION una desmentida urgente. pic.twitter.com/nl1U9Gv2Cq
— Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) October 12, 2023
