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Presencia. La marca REMAX vende y alquila decenas de propiedades en el partido de Escobar.
El presidente de REMAX se reunió con el intendente interino para expresarle su malestar. Aseguró que la norma, sancionada en octubre por el Concejo Deliberante, “se basa en razones equivocadas” y “no beneficia a nadie”.
A fines de octubre, el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la habilitación de oficinas inmobiliarias con nombres de fantasía, marcas o franquicias en el partido de Escobar, por considerar que se trata de competencia desleal. Un mes después, sin que haya entrado aún en vigor, se encendió la polémica.
La norma fue celebrada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Zárate-Campana, que presentó el proyecto ante el Ejecutivo local, mientras que desde los sectores afectados no tardaron en cuestionarla y considerarla inconstitucional. En esa línea se expresó RE/MAX, una franquicia de origen estadounidense que llegó al país hace quince años.
Su presidente, Sebastián Sosa, se reunió la semana pasada con el intendente interino Carlos Alberto Ramil, a quien le manifestó su disconformidad con la disposición que le prohíbe a la empresa operar en Escobar.
El encuentro, del que también participaron la entonces secretaria de Legal y Técnica del Municipio, Laura Guazzaroni, y Miguel Canovas, corredor público inmobiliario adherido a RE/MAX, se dio en el marco de la campaña “Hablemos de Verdad”, lanzada recientemente por la firma para dar visibilidad a lo que consideran “hostigamiento, discriminación, ataques y denuncias falsas de ilegalidad hacia la red”.
La ordenanza 5941/2021 prohíbe la habilitación de oficinas y/o estudios de negocios inmobiliarios bajo nombres de fantasías y/o en representación de “franquicias”, “licencias” o “marcas” de cualquier tipo, debiendo ser revocadas las que ya se hayan otorgado. La prohibición también alcanza la publicidad en la vía pública.
Desde RE/MAX sostienen que la aplicación de esta ordenanza “va más allá de la ley de martilleros, que no habla de prohibiciones a franquicias inmobiliarias, e implicaría una violación a las normas legales vigentes, al derecho a la propiedad, a la igualdad y a la libertad de expresión, todos ellos consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la provincia de Buenos Aires”.
También esgrimen que “la resolución se basa en razones equivocadas, promovidas por algunos colegios profesionales de martilleros y corredores públicos que utilizan su influencia política para atacar a la marca, a la que ven como su competencia por modernizar, transparentar y profesionalizar el servicio de las inmobiliarias”.
“RE/MAX no franquicia la profesión: todas las operaciones las realizan los corredores matriculados de las oficinas inmobiliarias de gestión independiente que eligen trabajar con la marca para potenciar su inmobiliaria”, afirmó Sosa.
Además, aseguró que la ordenanza “no beneficia a nadie, ni al partido de Escobar, ni a la comunidad, ni al libre mercado, ni a la modernización del mercado inmobiliario”.
“Creemos que todos los corredores públicos deben tener la libertad de elegir cómo trabajar”, concluyó el ejecutivo. No obstante, nadie cree que la ordenanza pueda ser revisada. Para empezar, ni siquiera se trata de una situación local aislada sino que abarca a muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, donde también se sancionaron legislaciones similares en el último tiempo a pedido de los martilleros y corredores públicos.
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