Luis Patti pidió acceder a salidas transitorias para trabajar en una panadería

Su abogada solicitó que el ex intendente de Escobar, cuatro veces condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, pueda obtener ese beneficio.

Luis Patti.

Mientras cumple con las condenas de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el barrio privado Terrazas de Septiembre, el exintendente Luis Abelardo Patti solicitó acceder a un régimen de salidas transitorias que le permita realizar una actividad laboral, recomponer relaciones sociales y visitar a familiares. El pedido contempla la posibilidad de retomar su viejo oficio de panadero en un comercio de Belén de Escobar y concurrir a una chacra de su suegro en la ciudad de Luján.

El pedido fue presentado por la abogada del ex subcomisario de la Policía Bonaerense, María Laura Olea, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín. En la presentación, la defensa solicitó dos modalidades de salida: una de hasta 24 horas por semana y otra de hasta 48 horas cada quince días, ambas bajo palabra de honor.

Uno de los destinos propuestos para estas salidas es la panadería ubicada en avenida Belgrano 349, en Belén de Escobar, propiedad del empresario local Alberto “Polaco” Babasz. Según argumentó la letrada, Patti ejerció el oficio de panadero desde su infancia y durante 30 años. Olea sostuvo que esta posibilidad le permitiría “retomar una actividad laboral, mejorar la motricidad fina de sus manos y recuperar la socialización en un ámbito de trabajo”.

El otro destino propuesto es una chacra situada en Olivera, partido de Luján, que pertenece a su suegro, Leonardo Ferraro. En este caso, la defensa señaló que las visitas contribuirían a fortalecer los vínculos familiares y favorecerían la rehabilitación de una discapacidad visual que padece Patti, identificada como hemianopsia homónima bilateral.

Luis Patti.
Días de libertad. El ex intendente, antes de recibir la primera de las cuatro condenas a perpetua.

Los argumentos de la defensa

En su presentación, Olea sostuvo que Patti reúne los requisitos temporales y de conducta para acceder a las salidas solicitadas, de acuerdo con el cómputo de pena unificado del 30 de octubre de 2019. También invocó la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y distintos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la reinserción social y establecen garantías para las personas privadas de la libertad.

La abogada argumentó que Patti lleva recluido más de 18 años y cinco meses, que su estado de salud se deterioró durante el encierro y que actualmente cumple arresto domiciliario. Además, sostuvo que registra una “conducta ejemplar” y que las salidas permitirían fortalecer sus vínculos familiares y laborales. En ese sentido, planteó que el acceso a ese régimen no constituye un beneficio discrecional, sino un derecho vinculado con los principios constitucionales de igualdad, progresividad y readaptación social.

Otro de los argumentos de la defensa se relaciona con la edad del ex intendente, que actualmente tiene 73 años. Para respaldar el planteo, la letrada citó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la que Argentina otorgó jerarquía constitucional, y las disposiciones que promueven alternativas a la privación de la libertad para ese grupo.

Olea también cuestionó que una condena dictada en octubre de 2023 por el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín, en otra causa por delitos de lesa humanidad, pueda impedir el acceso al régimen solicitado. Según la defensa, esa sentencia todavía no se encuentra firme y, por lo tanto, debe prevalecer la presunción de inocencia. Además, sostuvo que una eventual unificación de condenas no podría modificar la pena de prisión perpetua que ya tiene fijada. La presentación incluyó certificados de cursos realizados por Patti y solicitó que se los considere dentro del régimen de estímulo educativo previsto en el artículo 140 de la Ley 24.660.

El pedido debía ser tratado este martes en una audiencia ante el tribunal, en la que los familiares de las víctimas y las partes querellantes podían expresar su posición. “Nos vamos a oponer porque todavía tiene causas pendientes. La Justicia debe investigarlo y juzgarlo por crímenes sucedidos en el circuito represivo de Campo de Mayo sucedidos en 1976 y 1977”, apuntó el abogado querellante Pablo Llonto.

Además, invocarán la Ley de Víctimas para oponerse. “Este tipo de crímenes debe tener una observación especial por parte de los jueces, fueron crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, son delitos gravísimos y alguno de ellos, como las desapariciones forzadas, se siguen cometiendo”, completó el abogado.

Repudios desde Escobar

Al conocerse el pedido de Patti, distintos referentes de Derechos Humanos del partido de Escobar expresaron su repudio. “Es un atentado contra la democracia, un guiño hacia los genocidas. Ellos, cuando torturaron a nuestros compañeros, no los dejaron ver la luz del día. Entonces, será justicia que cumplan sus condenas entre cuatro paredes”, comentó Orlando Ubiedo, militante político y sindical, compañero de detenidos desaparecidos de Escobar.

Otra voz que se alzó contra el pedido de Patti fue la de Flavia Batistiol, hija de detenidos desaparecidos, militante por los Derechos Humanos y miembro de Abuelas de Plaza de Mayo. “No se trata de un preso común, se trata de un condenado por secuestros, torturas, apropiación de niños, desapariciones y asesinatos cometidos desde el aparato del Estado. Son delitos de lesa humanidad, son crímenes que no prescriben, que no se perdonan”.

“Darle libertad condicional es escupir sobre la memoria de los 30.000, sobre el dolor de las Madres, sobre el dolor de las Abuelas, de los Hijos, de los hermanos que todavía estamos buscando”, afirmó la ex concejal y vecina de Escobar.

Luis Patti con Carlos Menem en un acto
De campaña. Luis Patti durante un acto en apoyo a Carlos Menem. Fue en Tigre, en 2003.

Cuatro condenas a prisión perpetua

Patti recibió cuatro condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante su actuación en la Policía Bonaerense, tanto antes como durante la última dictadura militar. Su participación en el aparato represivo se remonta a los años previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando ya integraba las fuerzas de seguridad en el partido de Escobar.

Ingresó a la Policía en 1970 y, dos años después, comenzó a desempeñarse en la comisaría local. Durante ese período participó en operativos de persecución y secuestro de militantes políticos, en el marco de un esquema represivo que articulaba a efectivos policiales y militares. Distintos grupos operativos de la zona actuaban bajo la órbita de la Unidad Regional Tigre y en conexión con el circuito clandestino de detención de Campo de Mayo.

La primera condena a prisión perpetua llegó en 2011, por delitos que incluyeron el secuestro, las torturas y el asesinato de Gastón Gonçalves. El caso también estuvo atravesado por la apropiación de su hijo Manuel, quien era un bebé cuando un grupo de tareas irrumpió en la vivienda familiar en 1976. Su madre, Ana María del Carmen Granada, y otros militantes fueron secuestrados, mientras que el niño sobrevivió y fue adoptado sin que su familia supiera que seguía con vida. Manuel recuperó su identidad en 1997, después de una búsqueda impulsada por sus familiares y Abuelas de Plaza de Mayo.

En 2016, Patti recibió otra condena a prisión perpetua por los asesinatos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Ambos fueron secuestrados en Rosario el 14 de mayo de 1983 por integrantes de inteligencia del Ejército, trasladados y torturados. Después quedaron en manos de una patrulla de la Policía Bonaerense de la que participaba Patti. Los militantes fueron asesinados y sus muertes se presentaron como el resultado de un supuesto enfrentamiento armado.

La tercera condena llegó en 2018, por el secuestro y asesinato de Ricardo Gabriel Giménez, periodista y militante de la Juventud Peronista que colaboraba con el periódico local El Actual. A Giménez lo detuvieron en Escobar en enero de 1976, antes del golpe de Estado, y lo sometieron a torturas. Su cuerpo apareció en un basural de Moreno y permaneció enterrado como NN durante 32 años.

En 2023, el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó nuevamente a Patti a prisión perpetua por el asesinato del exdiputado Diego Muñiz Barreto y el intento de homicidio de Juan José Fernández. Ambos fueron secuestrados en Escobar el 16 de febrero de 1977 y trasladados a dependencias policiales y centros clandestinos de detención vinculados con Campo de Mayo, donde fueron torturados. Luego intentaron simular un accidente automovilístico en Entre Ríos: Muñiz Barreto murió; Fernández sobrevivió y declaró sobre lo ocurrido.

Luis Patti en silla de ruedas y con cuello ortopédico, en una audiencia judicial virtual
Desmejorado. Patti se presentó a las audiencias virtuales en silla de ruedas y con cuello ortopédico.

La carrera política antes de la prisión

Patti nació en Baigorrita, partido de General Viamonte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Su trayectoria policial continuó después del regreso de la democracia y lo llevó a convertirse en una figura de peso en la política escobarense.

En 1995 se consagró intendente de Escobar, con el 70% de los votos, y consiguió la reelección en 1999. En 2005 obtuvo una banca como diputado nacional, pero la Cámara baja impugnó su ingreso por las denuncias y acusaciones vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Su carrera política quedó atravesada por las investigaciones judiciales sobre su actuación durante la represión ilegal. Las condenas por delitos de lesa humanidad derivaron en su encarcelamiento y, posteriormente, en el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario en el barrio privado Terrazas de Septiembre, en Belén de Escobar.

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