La histórica crisis que atraviesa la empresa alimenticia Alijor volvió a profundizarse en las últimas semanas tras nuevas denuncias de trabajadores de la planta ubicada en la localidad de Garín, quienes aseguran que continúan cobrando sus salarios de manera fragmentada, en efectivo y con fuertes demoras. El conflicto mantiene en alerta a 180 empleados, que además advierten por posibles despidos y por el progresivo deterioro de las condiciones laborales.
La fábrica de Alijor se encuentra sobre la Colectora Oeste, a la altura del kilómetro 37,500 de la Panamericana, y produce panificados para La Salteña, además de tapas de empanadas y tartas bajo su propia marca. Fundada en 1989 por la familia Biderman, llegó a tener más de 300 trabajadores, aunque actualmente cuenta con 180 operarios.
En los últimos días, el conflicto tomó nuevamente estado público luego de que trabajadores y representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) denunciaran atrasos salariales que se arrastran desde fines de 2024 y el pago de haberes en hasta ocho “minicuotas”.
“La situación de los trabajadores es muy complicada, hace dos años cobramos los sueldos en varias cuotas. Venimos padeciendo la reforma laboral antes de que sea ley”, sostuvo Nicolás Viñas, delegado congresal del STIA y empleado desde hace más de 20 años en Alijor, en declaraciones publicadas recientemente por BAE Negocios.
En esa misma línea, el representante gremial advirtió que muchos empleados atraviesan graves problemas económicos y familiares debido a la irregularidad en los pagos. “Todos los trabajadores están muy endeudados, algunos con tratamientos psiquiátricos, los que están separados no logran que la empresa les pague a término lo que reciben sus hijos”, expresó.
Además, los operarios denunciaron un marcado deterioro de las condiciones laborales. “Hace 5 años no nos compran ropa nueva, varios no tienen ni los zapatos de seguridad. Por eso hay compañeros que no pueden entrar a la planta. No nos compran ni protectores auditivos”, afirmó Viñas.

Según relató el representante sindical, desde hace dos años también les retiraron el servicio de comedor y la empresa mantiene demoras en el pago de vacaciones y otros conceptos salariales. “Antes nos daban almuerzo y cena, según los turnos. Cuando nos toca salir de vacaciones, la empresa no las paga. Encima nos corta los días cuando quiere. Parece que la modernización la ensayaron con nosotros, en estos dos años del gobierno de Javier Milei perdimos muchos derechos”.
A la par, los empleados aseguran que la situación financiera de la compañía se agravó debido a deudas y distintos procesos judiciales que derivaron en embargos sobre las cuentas bancarias de la firma. Como consecuencia, los salarios comenzaron a pagarse exclusivamente en efectivo y en montos cada vez menores.
“Siempre cobramos el 50% del sueldo el día 20 y el restante el día 5, eso ya no se respeta más. Primero, en vez de 50%, nos daban el 25%, ahora el 12,5%. O pagás la tarjeta o la luz, o comés o pagás el alquiler”, describió Viñas.
Los trabajadores también señalaron que cada reclamo interno suele derivar en amenazaspor parte del dueño de la empresa, Benjamín Biderman. Según expresaron, en reiteradas oportunidades debieron movilizarse hasta Capital Federal para protestar frente a su domicilio y exigir el pago de salarios adeudados. “Nos amenaza con un lock out patronal, nos dice: si no les gusta cómo les pago, cierro la fábrica y me voy del país”, sostuvo el delegado gremial.
La preocupación dentro de la planta también crece por la reducción sostenida del personal. Los operarios recuerdan que desde 2017, cuando la empresa despidió a todo el equipo comercial, nunca volvió a incorporar empleados en esa área y actualmente depende exclusivamente de distribuidores externos para vender sus productos.
Un conflicto que arrastra varios años
La crisis laboral dentro de Alijor no es nueva y arrastra antecedentes de larga data en la planta de Garín. En febrero de 2025, trabajadores de la empresa enviaron una carta de lectores a El Día de Escobar para denunciar precarización laboral, atrasos salariales y un fuerte deterioro en las condiciones de trabajo.
En ese comunicado, los empleados aseguraron que desde noviembre de 2024 la empresa incumplía de manera sistemática el pago completo de salarios y afirmaron que la deuda acumulada superaba los dos millones de pesos por trabajador. “Actualmente, somos 174 trabajadoras y trabajadores que venimos sufriendo hostigamiento y persecución. Hemos llegado a un punto de vulnerabilidad extrema por parte de la empresa”, expresaron.

A su vez, denunciaron graves falencias vinculadas a higiene y seguridad dentro de la planta. “No tenemos renovación de calzado, utilizamos una cofia por semana -violando la seguridad e higiene que corresponde-, tenemos un comedor indigno, dado que solo comemos pastas con sal, y no cambiamos nuestra muda de ropa hace 3 años”, señalaron los operarios en la carta enviada a este medio.
Sin embargo, los conflictos entre la empresa y sus trabajadores se remontan incluso varios años atrás. En noviembre de 2023, la planta atravesó una fuerte huelga luego de que los empleados paralizaran la producción para reclamar por atrasos salariales y el pago incompleto de haberes. En aquel momento, el presidente de la firma, Benjamín Biderman, llegó a anunciar el cierre de la fábrica a través de una nota interna colocada dentro del establecimiento.
Desde el STIA aseguraron entonces que la empresa venía pagando los salarios con retrasos desde hacía meses y calificaron la amenaza de cierre como “una extorsión” en medio del conflicto gremial.
A ese escenario se suman antecedentes todavía más antiguos. En 2019, Alijor ya había protagonizado otro conflicto laboral luego del despido de trabajadores y de reclamos gremiales vinculados al pago de indemnizaciones.


















Es axactamente lo que votaron. Todo marcha acorde al plan.
Solo queda disfrutarlo.