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José María Rognone impulsa la creación de la Dirección de Ética Pública en el Municipio. Y que se inhibida la actividad profesional del Defensor del Pueblo.
"Coty" Rognone, autor de las dos iniciativas.
En pleno receso estival, el concejal oficialista José María Rognone sorprendió con dos proyectos de ordenanza -de por sí, algo poco frecuente en el bloque del PJ- que apuntan a la elevar la calidad institucional en el partido de Escobar: la creación de una Dirección de Ética Pública en el Municipio y la prohibición de ejercer la actividad profesional para quien ejerza la Defensoría del Pueblo.
En relación a la primera de sus iniciativas, Rognone argumentó que “es indispensable elevar la función pública a los mayores niveles éticos, consignando principios básicos que puedan regir el funcionamiento del Municipio e inspirando la mayor confianza de la comunidad”.
Aunque consideró que la Dirección de Ética Pública “se podría comparar” con una suerte de Oficina Anticorrupción, el edil saviense aclaró que el área “tendría más que ver con formas de trato a los contribuyentes y pautas de funcionamiento de la función pública”.
En ese sentido, la iniciativa se basa en los lineamientos trazados por el Código de Ética Pública de la Nación, pero no establece ni la forma de designación del titular de esa dirección ni sus facultades. Respecto a esto último, solo indica que será él quien deba “dictar las normas interpretativas” de la aludida ley nacional que regirán su funcionamiento.
Rognone reconoció a El Día de Escobar que “en el proyecto falta delinear esas cuestiones”, pero destacó que la puesta en marcha de esa repartición “sería un carril para recibir reclamos y cuestionamientos para un mejor control, además un aporte importante para sanear instituciones y elevarlas en su funcionamiento”.
– ¿No podría darse una superposición con las facultades de la Defensoría del Pueblo, que también ejerce un control sobre la gestión pública?, le preguntó este medio.
– Puede haber funciones similares, pero se trata de algo más concreto sobre la función pública. La Defensoría del Pueblo, en cambio, es algo más abierta y, dentro de todo el trabajo que tiene, la ética del funcionario público se puede ver diluida.
En cuanto a las posibilidades de que su proyecto sea tratado y aprobado cuando se inicie el período de sesiones ordinarias, el concejal se mostró optimista. “Creo que no va haber ningún problema”, arriesgó.
Defensor sí, abogado no
En otra iniciativa de su autoría que ya generó algunas repercusiones, Rognone promueve la modificación del artículo 10° de la ordenanza 4597, sancionada en 2008, mediante la cual se fijaron los parámetros que regulan la actividad de la Defensoría del Pueblo de Escobar.
Sobre este aspecto, el concejal propone que a las incompatibilidades con el desempeño de esa función se agregue el ejercicio de la actividad profesional. “Es así en Nación, en Provincia y en otros municipios, porque esto impide que el funcionario pueda favorecerse con prerrogativas de su cargo”, explicó el concejal.
“Esto es algo que tiene que ver con la norma y la figura de la institución, no con la Defensora del Pueblo en sí, que tiene mucha participación y está muy activa”, aclaró Rognone, ya que de aprobarse su proyecto la actual titular del organismo, Rocío Fernández, se vería afectada por ver impedida su actividad particular como abogada.
“Me enteré por algunos medios que ella está de acuerdo y entiende que sirve para elevar la figura del Defensor. No creo que deje su cargo por no poder ejercer profesionalmente”, sostuvo el legislador.
El artículo sobre el que Rognone pretende escarbar es quizás el que más se discutió -puertas adentro- cuando se sancionó aquella ordenanza. De hecho, reconoció que desde su lugar de secretario del Concejo Deliberante se había manifestado en desacuerdo con que la actividad profesional no se incluya entre las incompatibilidades. Y reveló que “lo mismo habían planteado los concejales Javier Pérez y Patricia de la Cruz”. “Por eso hoy, que tengo voz y voto, presento este proyecto”, fundamentó.
Por su parte, la abogada Fernández reaccionó con prudencia ante esta iniciativa. “Si la voluntad del Concejo Deliberante en su conjunto es modificar la ordenanza, nada tengo que decir”, señaló en declaraciones a Escobar News.
Lejos de querer alimentar una polémica política, Fernández se mostró reflexiva y consideró que la inclusión de esa prohibición podría resolver una cuestión de fondo. “Si bien este proyecto modifica las condiciones con las cuales asumí el cargo, no lo hace sustancialmente ni vulnera la autonomía funcional de la institución, lo cual tornaría diferente mi opinión. Después de todo, es una vieja discusión acerca de la exclusividad que debe tener el funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, razonó.
