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Presuntas irregularidades en la administración de los fondos comunes, demoras de años en la escrituración de sus propiedades y una larga lista de arbitrariedades son algunos de los problemas que vienen padeciendo los vecinos del Haras Santa María, en la localidad de Loma Verde. El conflicto llegó a la justicia ordinaria mediante una denuncia penal que también advierte sobre la calidad del agua que reciben las familias.
La presentación realizada por la abogada María Daniela Llanos y su esposo, Walter Fabián Álvarez, quienes desde 2013 residen en esa urbanización. El escrito apunta contra Haras Los Cerros S.A., presidida por Carlos María Sosa, y también menciona a la Compañía de Emprendimientos y Desarrollos Inmobiliarios (CEDISA S.A.), vinculada con el desarrollo del complejo urbanístico. Según la denunciante, Sosa también preside esa sociedad y fue designado gerente general sin una asamblea de propietarios.
Entre los presuntos delitos señalados por el matrimonio figuran: estafa reiterada, coacción, turbación de la posesión, fraude informático, asociación ilícita y adulteración de agua potable. La presentación busca investigar hechos que afectarían tanto las finanzas del complejo como los derechos de los propietarios.
La causa se tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 de Campana, a cargo de la fiscal Ana Laura Brizuela. El 14 de octubre, Llanos ratificó la presentación junto a vecinos que se acercaron para pedir que Brizuela los escuche. Pero la fiscal no los recibió. “No mueve ni un dedo”, expresaron, disconformes por la falta de medidas.
Gastos de las expensas
Uno de los ejes de la denuncia es la presunta inclusión en las expensas de gastos que los propietarios consideran ajenos a sus obligaciones. Entre los conceptos cuestionados aparece una multa municipal de $45 millones aplicada al concesionario del área ecuestre, Daniel López Tridoy, por funcionar sin habilitación municipal y presunto maltrato animal.
Según la presentación, iniciada a principios de junio, ese importe se habría trasladado a las expensas de los vecinos, junto con honorarios legales, indemnizaciones y acuerdos laborales.
También se cuestiona la inclusión de deudas de CEDISA ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), vinculadas con parcelas que, de acuerdo con la denuncia, continuarían registradas a nombre de la desarrolladora.
Llanos también impugna el cálculo de los intereses por supuestas deudas. Sostiene que se aplicarían tasas superiores a la tasa activa del Banco Nación y que se capitalizarían intereses, una práctica conocida como anatocismo. Como ejemplo, menciona la cuenta de su lote, a la que atribuye un saldo de $203.967.238. Además, afirma que no se habrían acreditado determinados importes depositados judicialmente en el marco de un litigio comercial.
La denunciante solicita una auditoría contable para reconstruir los ingresos y egresos, verificar la documentación respaldatoria y determinar cómo se distribuyen los gastos. La presentación estima que la administración manejaría ingresos mensuales del orden de 800.000 dólares, cifra cuyo origen y destino pide investigar.
A estos cuestionamientos se suman presuntos préstamos bancarios contraídos sin consultar a los propietarios. La denuncia también reclama esclarecer si los importes cobrados para pagar obligaciones ante ARBA efectivamente ingresaron al organismo provincial y quiénes son responsables de las deudas tributarias vinculadas con parcelas que seguirían a nombre de la desarrolladora.
Más de una década sin escrituras
La demora en la escrituración de las propiedades es otro de los reclamos centrales de los vecinos del Haras Santa María. Según la denuncia, las modificaciones al plan maestro y la ejecución de nuevas obras sin las aprobaciones municipales correspondientes habrían contribuido a mantener al emprendimiento en la condición de barrio “en formación”.
La presentación sostiene que esa situación prolongaría la transferencia de los títulos de propiedad y permitiría que las empresas vinculadas con el desarrollo conserven el control de la administración, sin los mecanismos de rendición de cuentas y participación que reclaman los vecinos.
Por eso, los propietarios exigen que se revisen las decisiones administrativas, las cuentas del complejo y la documentación societaria para determinar cómo se gestionan los fondos comunes y qué responsabilidades corresponden a las empresas involucradas. También cuestionan la falta de mecanismos de rendición de cuentas y participación en las decisiones que afectan a la urbanización.
En septiembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial falló a favor de dos propietarios. La resolución ordenó que la escritura de esos lotes debería concretarse dentro de los 90 días corridos posteriores a que el fallo quede firme. Haras Santa María se comprometió a cumplir la disposición judicial y a avanzar con la escrituración de todos los demás lotes que se encuentren en condiciones catastrales.
Restricciones y represalias
La presentación judicial impulsada por Llanos describe un sistema de sanciones que se aplicaría contra quienes discuten los montos de las expensas o cuestionan a la conducción del complejo urbanístico. En ese esquema, algunos propietarios serían calificados como “morosos” incluso cuando mantienen controversias sobre las deudas que se les atribuyen.
La denunciante sostiene que los importes discutidos se incorporarían de manera reiterada a las liquidaciones mensuales, con intereses y cargos adicionales, hasta generar saldos cada vez mayores. También afirma que se aplicarían multas a través de personal de la administración para presionar a quienes reclaman.
Entre las restricciones denunciadas figuran impedimentos para utilizar amenities e instalaciones deportivas, controles diferenciales de vehículos y limitaciones para recibir visitas, proveedores y servicios. Según la presentación, algunos vecinos deben utilizar el acceso destinado a visitantes o desplazarse hasta la entrada del barrio para encontrarse con quienes necesitan ingresar, en un trayecto que puede alcanzar los seis kilómetros.
Llanos afirma que su propia condición de “morosa” habría sido utilizada como mecanismo de presión para que desistiera de las demandas civiles que mantiene. La denuncia también menciona amenazas de acciones legales, vigilancia y fotografías de viviendas y familiares.
Estas medidas afectarían especialmente a mujeres que sostienen solas sus hogares, niños que quedarían excluidos de espacios comunes o torneos deportivos y personas mayores o con discapacidad que necesitan recibir médicos y acompañantes terapéuticos.
Por eso, la presentación solicita que se investiguen las medidas y se ordene el cese de las restricciones que pudieran vulnerar los derechos de los propietarios mientras se tramitan las controversias.
Democracia interna
Otro capítulo de la denuncia se refiere a las elecciones internas y al sistema digital Open Key, utilizado para las votaciones. Llanos sostiene que los propietarios no habrían podido acceder adecuadamente a los padrones y resultados desglosados por lote.
La presentación afirma que, en las elecciones de 2025, una lista opositora obtuvo más del 90% de los cargos en disputa. Sin embargo, según la denunciante, después de ese resultado se modificaron reglas sin convocar a una asamblea y más de 15 propietarios críticos habrían sido apartados de comisiones tras señalar presuntas irregularidades en el manejo de los fondos comunes.
También se menciona una comisión revisora integrada por vecinos del Haras Santa María, que habría detectado anomalías y que, de acuerdo con la denuncia, fue apartada mediante un correo electrónico.
Llanos solicita preservar y examinar los registros digitales de Open Key, incluidos los registros de actividad, las comunicaciones y la información relacionada con las votaciones, para establecer cómo se instrumentaron los procesos electorales y si se respetaron las reglas aplicables.
Agua bajo la lupa
La presentación también advierte sobre la calidad del agua que reciben las familias del Haras Santa María. Según Llanos, un informe técnico privado encargado por vecinos habría detectado la presencia de arsénico en el agua con una concentración superior a los 10 microgramos por litro.
Al superar ese nivel, el agua excede el límite recomendado para consumo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el máximo general establecido por el Código Alimentario Argentino. Si alcanza los 50 microgramos por litro, llega al máximo excepcional que la normativa contempla para determinadas regiones. La exposición prolongada a esas concentraciones puede aumentar el riesgo de lesiones cutáneas y cáncer.
La abogada sostiene que la administración, responsable del funcionamiento de las plantas de tratamiento, habría ocultado los resultados. También afirma que dos integrantes de una comisión de mantenimiento fueron sancionados y hostigados después de intentar inspeccionar esas instalaciones.
La denuncia solicita que se investigue la gestión de las plantas de tratamiento y se realicen análisis oficiales para determinar la calidad del agua. Los vecinos también reclaman que se preserve la documentación vinculada con el informe técnico privado mencionado en la presentación, cuyo contenido no fue aportado para su verificación.
Las medidas reclamadas
Llanos solicitó medidas para preservar las pruebas y esclarecer los hechos denunciados. Entre ellas figuran una auditoría contable integral, peritajes informáticos y el análisis de las liquidaciones de expensas, los pagos efectuados, los fondos comunes, los intereses aplicados y las deudas atribuidas a las empresas.
La presentación también pide examinar el sistema de facturación, las comunicaciones digitales, los registros de Open Key y las instrucciones impartidas al personal de seguridad. Asimismo, propone más de 20 testigos para declarar sobre los hechos.
Entre las medidas urgentes reclamadas figuran la suspensión de los cambios reglamentarios cuestionados y la inhibición general de bienes de las personas y sociedades señaladas. También solicita el secuestro de libros de actas, documentación contable y equipos informáticos que pudieran contener pruebas.
Haras Santa María es una de las urbanizaciones privadas más grandes del partido de Escobar. Ubicada en Loma Verde, a la altura del kilómetro 54 de la Panamericana, comenzó a desarrollarse a mediados de la década de 2000. Actualmente, comprende más de 350 hectáreas y 1.500 lotes, distribuidos en 12 barrios.
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