El encuentro se llevó a cabo en Rosario con la presencia del ministro de Transporte de la Nación. La principal misión del ente es realizar el proceso licitatorio de los 1.600 kilómetros de vía navegable.
En la ciudad de Rosario, se llevó a cabo este viernes la primera reunión del consejo directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que estuvo presidida por Ariel Sujarchuk y el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera.
“El Ente tiene una gran tarea por delante, porque se va a encargar de definir para los próximos 15 ó 20 años el calado que necesitamos, el ancho que necesitamos, los lugares de descanso, los accesos a puertos y la ampliación de sus límites pensando en la Argentina de hoy y la Argentina del futuro”, resaltó el ministro, quien puso formalmente en funciones al ente.
Además, Guerrera remarcó que “esta vía navegable finaliza su concesión tras 26 años. Había sido pensada con otros puertos, con otro nivel de producción y embarcaciones, por eso estamos obligados a actualizarnos. No se trata solamente de lo que trasladamos sino también de las producciones regionales y su potencial, pensando en bajar los costos de la logística, que es uno de los mayores problemas que tenemos como país exportador”.
La vía navegable troncal es una ruta fluvial de 1.635 kilómetros que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga. Su traza se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y Río de la Plata, constituyendo un cauce de salida de aproximadamente del 80% de la exportación nacional.
Antes de esta reunión se celebró un encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía, que contó con la participación de los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; Buenos Aires, Axel Kicillof; Chaco, Jorge Capitanich; y de Formosa, Gildo Insfrán, así como la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta, junto a Guerrera y Sujarchuk.
“La Argentina tiene en su matriz de crecimiento distintos hitos: YPF, Yacyretá, Vaca Muerta y ARSAT. Hoy la vía navegable es otra posibilidad para potenciar el desarrollo de las economías regionales y del resto de la Argentina. Pensamos un ente federal y así será”, afirmó el titular del ente y jefe comunal de Escobar en uso de licencia.
Durante la primera sesión del consejo directivo se realizó la presentación de los integrantes, se puso en conocimiento la normativa y se aprobó el reglamento de funcionamiento.
Además, se pusieron en conocimiento los informes finales de los convenios suscriptos con distintas entidades para ser incorporados como material de análisis y así diseñar los futuros pliegos de licitación del dragado y balizamiento de la vía navegable.
El consejo directivo del ente está integrado por funcionarios y funcionarias que trabajan ad honorem y representan a los ministerios de Transporte, Interior y Desarrollo Productivo y a las siete provincias ribereñas que lo componen.
Está presidido por Sujarchuk y conformado de la siguiente manera: Hernán Orduna (vicepresidente 1°), María Florencia Carignano (vicepresidenta 2°), Pamela Morales (vicepresidenta 3°), Abel de Manuele, Micaela Morán, Nicolás Cevela, Claudio Sehtman y Cavo, María Candelaria González del Pino, Julio Rodríguez Signes, María Isabel Espinoza, María Constanza Prause, María Inés Bembi, Ricardo Babiak y Adolfo Escobar (vocales).
Junto a Sujarchuk también estuvieron dos ex funcionarias municipales de Escobar que ahora forman parte del equipo legal de la Hidrovía: las abogadas Natalia Wolaniuk (ex titular de la Secretaría Contravencional) y Verónica Sabena (ex directora ejecutiva de la Agencia Municipal de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial), quien actualmente también es concejal del Frente de Todos.
Creado en diciembre de 2021 por decreto del presidente Alberto Fernández, el ente tiene tiene como principal objetivo llevar adelante el proceso licitatorio nacional e internacional de la vía navegable para la adjudicación de las obras, diseñando un proceso que garantice integridad y transparencia, promueva la participación de la ciudadanía, garantice del derecho de acceso a la información pública y fomente la rendición de cuentas como ejes fundamentales para democratizar la ejecución de las obras públicas.
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