Un tribunal confirmó la orden de demolición del edificio de Floreal del Sol

A partir de una presentación realizada por el Municipio, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del departamento judicial Zárate-Campana confirmó en las últimas horas una resolución de primera instancia que ordenó la demolición total del edificio abandonado de la avenida San Martín, perteneciente al malogrado proyecto inmobiliario Floreal del Sol.

El predio de Floreal del Sol está sobre la avenida San Martín 565, a diez cuadras del centro de Belén de Escobar. Cuenta con una construcción inconclusa de 14 pisos, que lleva más de una década paralizada y en avanzado estado de deterioro. Al lado de esa mole de hormigón abandonada hay una grúa torre de unos 30 metros de alto, también inactiva desde entonces.

Ante la preocupación de los vecinos de los alrededores por el estado de la obra y el potencial peligro de derrumbe, el pasado 8 de abril el Municipio solicitó formalmente la demolición del edificio ante el Juzgado Civil y Comercial Nº4 de Zárate y el Juzgado Penal Económico Nº2 de Capital Federal.

A comienzos de junio, a poco más de un mes de aquella presentación, el Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 autorizó la demolición total de la estructura inconclusa, además del desmontaje de la grúa y la remoción de distintos elementos que representan un riesgo para el entorno.

En la sentencia, el juez Leandro Marcos Cappello hizo lugar a la acción preventiva promovida por la Municipalidad y ordenó el inmediato “desanclaje, desarme y retiro de la grúa torre emplazada en el predio”, al considerar que constituye un factor de riesgo para las viviendas y las personas que habitan en la zona.

También autorizó el retiro de encofrados, andamios, conductos de descarga de escombros y otros elementos deteriorados o sin condiciones adecuadas de sujeción, con el objetivo de reducir los riesgos derivados del prolongado abandono de la obra.

Entre los fundamentos de la resolución, el magistrado, oriundo de Escobar,destacó que la empresa no cumplió con los distintos requerimientos e intimaciones efectuados por el Municipio para garantizar la seguridad del predio. Además, sostuvo que el paso del tiempo agravó el deterioro de la estructura y del suelo sobre el que se asienta.

Cappello concluyó que la demolición constituye la medida más eficaz para prevenir daños a terceros. A su vez, el fallo dejó expresamente establecido que no existen impedimentos judiciales para avanzar con las tareas ordenadas, incluso respecto de medidas cautelares dictadas en otras causas vinculadas al emprendimiento.

Una apelación previsible y sin éxito

Como era esperable, la empresa titular del inmueble, Doro Florida S.A., apeló la resolución del juez Cappello. Pero la Cámara rechazó los planteos y ratificó lo resuelto inicialmente.

Entre sus fundamentos, los jueces enfatizaron que la obra permanece abandonada desde hace más de una década, que no existe un plan concreto y viable para su recuperación y que la demolición constituye actualmente la alternativa idónea para poner fin a una situación prolongada de riesgo, prevenir daños y proteger la seguridad y la salubridad de las personas. A su vez, la resolución de la Cámara establece que las obras necesarias para asegurar el predio podrán ser ejecutadas por el Municipio, con los costos a cargo de Doro Florida S.A.

Entre las tareas autorizadas por los dos estamentos judiciales se encuentran el desarme y retiro de la grúa torre; la remoción de encofrados y otros elementos que puedan representar un peligro; y la demolición integral de la estructura, incluidos subsuelos, bases y pilotes.

Desde el Municipio consignaron que “el expediente judicial reúne años de actuaciones, inspecciones e intimaciones vinculadas al estado de abandono del lugar. Un informe elaborado por la Secretaría de Planificación e Infraestructura había advertido sobre problemas relacionados con la estabilidad de la estructura, el posible colapso de la grúa, desprendimientos de elementos en altura y dificultades en el suelo y los muros de contención”.

Ambas resoluciones judiciales constituyen un importante avance para las gestiones impulsadas por el Municipio. Además, ratifican los informes técnicos elaborados por sus funcionarios, así como las actuaciones administrativas iniciadas en 2022 para exigir a Doro Florida S.A. la adopción de medidas de seguridad y la definición del futuro de una obra paralizada desde hace más de una década.

Durante 2025, el Municipio intimó reiteradas veces a la empresa para que presentara y ejecutara un plan de acción destinado a revertir esa situación. Luego de distintas prórrogas solicitadas por Doro Florida S.A. y al no presentarse ningún representante, en agosto de ese año las actuaciones pasaron a la Dirección Judicial y Apremios.

Ahora, desde el Ejecutivo aguardan que la resolución quede firme, aunque no habría razones para descartar que la empresa apele ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Mientras tanto, los técnicos del gobierno local evalúan alternativas para avanzar con la demolición, teniendo en cuenta la magnitud y el elevado costo de las tareas necesarias.

Del mismo modo, desde el Municipio adelantaron que solicitarán a la Justicia las medidas correspondientes para acceder y tomar posesión del predio, ya que esta condición es indispensable para llevar adelante lo ordenado por el tribunal.

Una estafa multimillonaria

El emprendimiento Floreal del Sol se presentó en 2010 como uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos del partido de Escobar. El proyecto contemplaba la construcción de seis torres de 14 pisos, un hotel de la cadena internacional Mantra con 168 habitaciones en suite y una amplia gama de servicios de alta gama.

La propuesta se sostenía en un fideicomiso que ofrecía desde cocheras a 16 mil dólares hasta unidades de hotel por 102 mil, con promesas de rentabilidad en moneda extranjera. Ese esquema atrajo a cientos de inversores y permitió un avance inicial de la obra, que nunca llegó a consolidarse.

En 2015, los trabajos quedaron paralizados de manera definitiva. Con el tiempo, el caso derivó en una causa judicial por presunta estafa que investiga maniobras fraudulentas en perjuicio de más de 240 personas, quienes invirtieron entre abril de 2011 y mayo de 2016. Se estima que durante esos años las víctimas aportaron alrededor de cinco millones de dólares sin obtener las unidades comprometidas.

En abril de 2022, durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Ariel Sujarchuk anunció la posibilidad de expropiar el predio para impulsar un plan de viviendas y dar respuesta a los damnificados. A su vez, definió al edificio como “un monumento a la estafa” y planteó la necesidad de que el Estado intervenga para encauzar una problemática que excedía el ámbito privado.

Asimismo, el jefe comunal sostuvo que el objetivo era recuperar el inmueble, avanzar en un esquema de compensación para los inversores y destinar el predio a un desarrollo habitacional con inclusión. Sin embargo, la iniciativa no registró avances concretos y quedó en una instancia preliminar.

A más de una década del inicio del proyecto, el expediente judicial continúa abierto, con cientos de damnificados que aún esperan una resolución. Mientras tanto, el edificio permanece sin uso y a la espera de que la resolución judicial quede firme para definir su futuro.