Un tribunal confirmó la orden de demolición del edificio de Floreal del Sol

A partir de una presentación realizada por el Municipio, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del departamento judicial Zárate-Campana confirmó en las últimas horas una resolución de primera instancia que ordenó la demolición total del edificio abandonado de la avenida San Martín, perteneciente al malogrado proyecto inmobiliario Floreal del Sol.

El predio de Floreal del Sol está sobre la avenida San Martín 565, a diez cuadras del centro de Belén de Escobar. Cuenta con una construcción inconclusa de 14 pisos, que lleva más de una década paralizada y en avanzado estado de deterioro. Al lado de esa mole de hormigón abandonada hay una grúa torre de unos 30 metros de alto, también inactiva desde entonces.

Ante la preocupación de los vecinos de los alrededores por el estado de la obra y el potencial peligro de derrumbe, el pasado 8 de abril el Municipio solicitó formalmente la demolición del edificio ante el Juzgado Civil y Comercial Nº4 de Zárate y el Juzgado Penal Económico Nº2 de Capital Federal.

A comienzos de junio, a poco más de un mes de aquella presentación, el Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 autorizó la demolición total de la estructura inconclusa, además del desmontaje de la grúa y la remoción de distintos elementos que representan un riesgo para el entorno.

En la sentencia, el juez Leandro Marcos Cappello hizo lugar a la acción preventiva promovida por la Municipalidad y ordenó el inmediato “desanclaje, desarme y retiro de la grúa torre emplazada en el predio”, al considerar que constituye un factor de riesgo para las viviendas y las personas que habitan en la zona.

También autorizó el retiro de encofrados, andamios, conductos de descarga de escombros y otros elementos deteriorados o sin condiciones adecuadas de sujeción, con el objetivo de reducir los riesgos derivados del prolongado abandono de la obra.

Entre los fundamentos de la resolución, el magistrado, oriundo de Escobar,destacó que la empresa no cumplió con los distintos requerimientos e intimaciones efectuados por el Municipio para garantizar la seguridad del predio. Además, sostuvo que el paso del tiempo agravó el deterioro de la estructura y del suelo sobre el que se asienta.

Cappello concluyó que la demolición constituye la medida más eficaz para prevenir daños a terceros. A su vez, el fallo dejó expresamente establecido que no existen impedimentos judiciales para avanzar con las tareas ordenadas, incluso respecto de medidas cautelares dictadas en otras causas vinculadas al emprendimiento.

Una apelación previsible y sin éxito

Como era esperable, la empresa titular del inmueble, Doro Florida S.A., apeló la resolución del juez Cappello. Pero la Cámara rechazó los planteos y ratificó lo resuelto inicialmente.

Entre sus fundamentos, los jueces enfatizaron que la obra permanece abandonada desde hace más de una década, que no existe un plan concreto y viable para su recuperación y que la demolición constituye actualmente la alternativa idónea para poner fin a una situación prolongada de riesgo, prevenir daños y proteger la seguridad y la salubridad de las personas. A su vez, la resolución de la Cámara establece que las obras necesarias para asegurar el predio podrán ser ejecutadas por el Municipio, con los costos a cargo de Doro Florida S.A.

Entre las tareas autorizadas por los dos estamentos judiciales se encuentran el desarme y retiro de la grúa torre; la remoción de encofrados y otros elementos que puedan representar un peligro; y la demolición integral de la estructura, incluidos subsuelos, bases y pilotes.

Desde el Municipio consignaron que “el expediente judicial reúne años de actuaciones, inspecciones e intimaciones vinculadas al estado de abandono del lugar. Un informe elaborado por la Secretaría de Planificación e Infraestructura había advertido sobre problemas relacionados con la estabilidad de la estructura, el posible colapso de la grúa, desprendimientos de elementos en altura y dificultades en el suelo y los muros de contención”.

Ambas resoluciones judiciales constituyen un importante avance para las gestiones impulsadas por el Municipio. Además, ratifican los informes técnicos elaborados por sus funcionarios, así como las actuaciones administrativas iniciadas en 2022 para exigir a Doro Florida S.A. la adopción de medidas de seguridad y la definición del futuro de una obra paralizada desde hace más de una década.

Durante 2025, el Municipio intimó reiteradas veces a la empresa para que presentara y ejecutara un plan de acción destinado a revertir esa situación. Luego de distintas prórrogas solicitadas por Doro Florida S.A. y al no presentarse ningún representante, en agosto de ese año las actuaciones pasaron a la Dirección Judicial y Apremios.

Ahora, desde el Ejecutivo aguardan que la resolución quede firme, aunque no habría razones para descartar que la empresa apele ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Mientras tanto, los técnicos del gobierno local evalúan alternativas para avanzar con la demolición, teniendo en cuenta la magnitud y el elevado costo de las tareas necesarias.

Del mismo modo, desde el Municipio adelantaron que solicitarán a la Justicia las medidas correspondientes para acceder y tomar posesión del predio, ya que esta condición es indispensable para llevar adelante lo ordenado por el tribunal.

Fallo de Cámara ratifica la demolición de la torre abandonada Floreal del Sol

Una estafa multimillonaria

El emprendimiento Floreal del Sol se presentó en 2010 como uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos del partido de Escobar. El proyecto contemplaba la construcción de seis torres de 14 pisos, un hotel de la cadena internacional Mantra con 168 habitaciones en suite y una amplia gama de servicios de alta gama. Además, incluía un shopping center, salones para conferencias, microcines, gimnasio, spa, cava de vinos, restaurantes y piscinas climatizadas.

La propuesta se sostenía en un fideicomiso que ofrecía desde cocheras a 16 mil dólares hasta unidades de hotel por 102 mil, con promesas de rentabilidad en moneda extranjera. Según una investigación publicada por DIA 32 en 2018, la rentabilidad estimada llegaba al 10% o 15% anual en dólares y una parte comenzaría a percibirse apenas un mes después de la firma del contrato. La presencia de firmas reconocidas y la sofisticada presentación del proyecto contribuyeron a generar confianza entre los potenciales inversores.

Sin embargo, con el avance de las investigaciones comenzaron a aparecer elementos que pusieron en duda la verdadera dimensión del emprendimiento. Entre ellos, la utilización del nombre Mantra, que llevó a los inversores a asociar el proyecto con la reconocida cadena hotelera internacional, cuando en realidad el contrato mencionado en la causa involucraba a una empresa argentina denominada Mantra Express. También aparecieron vinculaciones con distintas sociedades relacionadas con el desarrollo, entre ellas Consol Ventures, Consol Global Developers & Real Estate, Doro Florida S.A. y ELABU S.A.

La primera torre comenzó a levantarse en julio de 2011, pero el ambicioso complejo nunca pasó de una estructura inconclusa. La obra quedó completamente paralizada en enero de 2015, cuando apenas se había iniciado una de las seis torres anunciadas. Para entonces, numerosos inversores ya habían realizado importantes desembolsos y comenzaban a reclamar explicaciones por la falta de avances. En los años siguientes también se sucedieron intimaciones, reuniones frustradas y reclamos de damnificados que buscaban recuperar el dinero aportado.

En 2015 también se habló de nuevos capitales que permitirían retomar la obra, e incluso de una supuesta línea de crédito de 64 millones de dólares para completar parte del proyecto. Sin embargo, esas expectativas nunca se concretaron y la estructura continuó deteriorándose. Con el tiempo, el caso llegó a los tribunales y se transformó en una investigación por presunta estafa. El expediente estableció finalmente 244 damnificados, que realizaron aportes entre abril de 2011 y mayo de 2016 por un monto estimado en alrededor de cinco millones de dólares.

En abril de 2022, durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Ariel Sujarchuk anunció la posibilidad de expropiar el predio para impulsar un plan de viviendas y dar respuesta a los damnificados. A su vez, definió al edificio como “un monumento a la estafa” y planteó la necesidad de que el Estado intervenga para encauzar una problemática que excedía el ámbito privado.

Asimismo, el jefe comunal sostuvo que el objetivo era recuperar el inmueble, avanzar en un esquema de compensación para los inversores y destinar el predio a un desarrollo habitacional con inclusión. Sin embargo, la iniciativa no registró avances concretos y quedó en una instancia preliminar.

La causa judicial tuvo nuevos movimientos en octubre de 2024, cuando el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 procesó y embargó los bienes de Daniel Oscar Fontanini, Carlos Alberto Pita y Emilia Mercedes Álvarez, tres de los seis imputados. La investigación sostiene que las maniobras habrían perjudicado a los 244 inversores que aportaron dinero al fideicomiso sin obtener las unidades comprometidas.

De esta manera, más de una década después de la paralización de la obra, el caso continúa abierto mientras los damnificados siguen esperando una resolución judicial y la posibilidad de recuperar lo perdido.