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El Juzgado Civil y Comercial N°4 de Zárate-Campana autorizó la demolición del edificio abandonado de la avenida San Martín, perteneciente al malogrado proyecto inmobiliario Floreal del Sol. El procedimiento había sido solicitado por el Municipio, por razones de seguridad pública. Sin embargo, al tratarse de un fallo de primera instancia, no se descarta que sea apelado y que, por ende, la medida quede en suspenso.
El predio de Floreal del Sol está sobre la avenida San Martín 565, a diez cuadras del centro de Belén de Escobar. Cuenta con una construcción inconclusa de 14 pisos, que lleva más de una década paralizada y en avanzado estado de deterioro. Al lado de la edificación hay una grúa torre de unos 30 metros de alto, también inactiva desde entonces.
Ante la preocupación de los vecinos de los alrededores por el estado de la obra y el potencial peligro de derrumbe, el pasado 8 de abril el Municipio solicitó formalmente la demolición del edificio ante el Juzgado Civil y Comercial Nº4 de Zárate y el Juzgado Penal Económico Nº2 de Capital Federal.
A poco más de un mes de aquella presentación, el Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 autorizó la demolición total de la estructura inconclusa, además del desmontaje de la grúa y la remoción de distintos elementos que representan un riesgo para el entorno.
En la sentencia, el juez Leandro Marcos Cappello hizo lugar a la acción preventiva promovida por la Municipalidad y ordenó el inmediato “desanclaje, desarme y retiro de la grúa torre emplazada en el predio”, al considerar que constituye un factor de riesgo para las viviendas y las personas que habitan en la zona.
También autorizó el retiro de encofrados, andamios, conductos de descarga de escombros y otros elementos deteriorados o sin condiciones adecuadas de sujeción, con el objetivo de reducir los riesgos derivados del prolongado abandono de la obra.
La resolución judicial constituye un importante avance para las gestiones impulsadas por el Municipio. Además, ratifica los informes técnicos elaborados por sus funcionarios, así como las actuaciones administrativas iniciadas en 2022 para exigir a la empresa Doro Florida S.A. -titular del inmueble-, la adopción de medidas de seguridad y la definición del futuro de una obra paralizada desde hace más de una década.
No obstante, desde el Municipio aclararon que se trata de una sentencia de primera instancia “que aún no se encuentra firme y que deberá transitar las etapas procesales correspondientes antes de su eventual ejecución”. Esta aclaración se debe a que los propietarios del predio probablemente apelen el fallo del juez Cappello.
Una vez que esté firme la resolución, el Municipio deberá definir los aspectos operativos vinculados a la realización de las tareas ordenadas por la Justicia y los mecanismos para el recupero de los costos que, según establece el fallo, estarán a cargo de la empresa propietaria del predio.
Entre los fundamentos de la resolución, el magistrado destacó que la empresa no cumplió con los distintos requerimientos e intimaciones efectuados por el Municipio para garantizar la seguridad del predio y sostuvo que el paso del tiempo agravó el deterioro de la estructura y del suelo sobre el que se asienta.
En ese sentido, concluyó que la demolición constituye la medida más eficaz para prevenir daños a terceros. Además, el fallo deja expresamente establecido que no existen impedimentos judiciales para avanzar con las tareas ordenadas, incluso respecto de medidas cautelares dictadas en otras causas vinculadas al emprendimiento.
Una estafa multimillonaria
El emprendimiento Floreal del Sol se presentó en 2010 como uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos del partido de Escobar. El proyecto contemplaba la construcción de seis torres de 14 pisos, un hotel de la cadena internacional Mantra con 168 habitaciones en suite y una amplia gama de servicios de alta gama.
La propuesta se sostenía en un fideicomiso que ofrecía desde cocheras a 16 mil dólares hasta unidades de hotel por 102 mil, con promesas de rentabilidad en moneda extranjera. Ese esquema atrajo a cientos de inversores y permitió un avance inicial de la obra, que nunca llegó a consolidarse.
En 2015, los trabajos quedaron paralizados de manera definitiva. Con el tiempo, el caso derivó en una causa judicial por presunta estafa que investiga maniobras fraudulentas en perjuicio de más de 240 personas, quienes invirtieron entre abril de 2011 y mayo de 2016. Se estima que durante esos años las víctimas aportaron alrededor de cinco millones de dólares sin obtener las unidades comprometidas.
En abril de 2022, durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Ariel Sujarchuk anunció la posibilidad de expropiar el predio para impulsar un plan de viviendas y dar respuesta a los damnificados. A su vez, definió al edificio como “un monumento a la estafa” y planteó la necesidad de que el Estado intervenga para encauzar una problemática que excedía el ámbito privado.
Asimismo, el jefe comunal sostuvo que el objetivo era recuperar el inmueble, avanzar en un esquema de compensación para los inversores y destinar el predio a un desarrollo habitacional con inclusión. Sin embargo, la iniciativa no registró avances concretos y quedó en una instancia preliminar.
A más de una década del inicio del proyecto, el expediente judicial continúa abierto, con cientos de damnificados que aún esperan una resolución. Mientras tanto, el edificio permanece sin uso y a la espera de que la resolución judicial quede firme para definir su futuro.
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