Muchas veces las cosas no son lo que parecen, son mucho peor.
Días atrás, en algunos medios de prensa de Escobar se informó sobre una reunión entre representantes de las organizaciones ambientalistas y funcionarios municipales, que ante una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Escobar procedió a “rendir cuentas” sobre el destino del dinero recaudado por el cobro de la llamada “tasa verde”.
La conclusión a la que llegaron los ambientalistas es que el Municipio no utilizó el dinero recaudado del modo que se había establecido.
Las notas periodísticas indicaron los montos recaudados y la forma en que fueron gastados. No insistiré en números que ya fueron publicados, pero sí tomaré algunos ejemplos para demostrar que el desvío del dinero a un destino que no es el previamente acordado no es el hecho más grave de este asunto.
El Municipio declara haber gastado en el alquiler de máquinas chipeadoras (se utilizan para astillar las ramas de la poda y así reducir su volumen) la suma de $ 300.000 por los primeros diez meses del año (el balance presentado se refiere al período 1° de enero a 31 de octubre de 2009). Los $ 300.000 parecen ser mucha plata, pero en realidad la cosa es mucho peor si tenemos en cuenta que el costo de venta de las máquinas alquiladas ronda los $ 50.000 cada una.
Sí, el Municipio pagó $ 300.000 de alquiler por una máquina que si la hubiera comprado le hubiera salido $ 50.000.
Varias cosas puede aducir el Municipio. Que alquiló más de una. ¿Cuántas?, es la pregunta. La nota periodística no lo dice, pero una simple cuenta indica que con lo pagado por el alquiler se hubieran podido comprar seis máquinas chipeadoras. Podría aducir también que las máquinas alquiladas son autopropulsadas, mientras que las de catálogo son impulsadas por la toma de fuerza de un tractor.
Otra vez, los $ 300.000 pagados por diez meses de alquiler alcanzan para comprar dos equipos completos, es decir, la máquina más el tractor que la impulsa, con el incremento del patrimonio que eso significaría para la Municipalidad. Además, claro, esos tractores podrían ser usados en otros trabajos.
Pero como se dice al principio, las cosas pueden ser peores y, de hecho, lo son.
El dinero pagado en ese alquiler podemos dividirlo en los diez meses del intervalo considerado, con lo que tenemos una suma de $ 30.000 por mes, es decir, $ 1.000 por día.
El pueblo de Escobar estuvo pagando hasta aquí $ 1.000 por día ¿Para qué? ¿Puede el Municipio mensurar los beneficios obtenidos con esa inversión de $ 1.000 diarios durante diez meses? Mucho me temo que no.
A riesgo de ser desautorizado porque en realidad no tengo documentación al respecto, pero sí conocimiento de la situación, el esquema de trabajo es el siguiente:
A) El Municipio paga jornales (horas/hombre) combustible, pone vehículos, camiones y pala cargadora, para llevar las ramas de la poda que levanta de la vía publica a un predio determinado donde…
B) Las o la chipeadora, a un irrisorio precio de $ 1.000 por día, transforma esas ramas en astillas de madera, descartándose hojas, ramerío fino y troncos gruesos, que superan la capacidad de trabajo de la máquina.
C) Luego le paga a otra empresa un flete para llevar el material hasta los centros de recepción del CEAMSE donde…
D) Vuelve a pagar para que se le permita volcar las astillas de madera mezcladas con el resto del ramerío.
Hasta aquí, todo pérdida.
¿Cuál es el objeto de la máquina?
Pero si esto resulta una irregularidad digna de algún tipo de reclamo, debo decir que es peor aún.
En la localidad de Maquinista Savio, esa chipeadora trabajó muy poco tiempo. Quienes tenían a su cargo el trabajo simplemente no lo hacían, dejaron acumular la basura en el lugar y un día los vecinos, cansados de la mugre y las ratas, prendieron fuego al ramerío, salvándose de milagro la máquina que ahí quedó abandonada, cobrando $ 1.000 de alquiler diario.
Esto, que es punto sin retorno, tendrá seguramente un costado más malévolo aún, porque no cabe duda de que la conclusión a la que llegarán quienes rigen los destinos del Municipio es que las chipeadoras no sirven y al finalizar el contrato no sabremos más de ellas. Nadie dirá, por ejemplo, de algunas posibilidades tales como comercializar las astillas de madera que la industria utiliza en procesos productivos, desde tableros aglomerados, y la posibilidad de fabricar abono orgánico.
Esta no pretende ser una denuncia pública. Es simplemente una reflexión sobre un tema que en su trasfondo es mucho más grave: la presencia de la larga mano de la patria contratista en Escobar.
A quien le quepa el sayo, que se lo ponga. Y si en el HCD existe algún atisbo de oposición, que se tome el trabajo de corroborar lo aquí dicho y actuar en consecuencia. Y las organizaciones ambientalistas, que tanto pelean por esos temas, adviertan que sus reclamos sobre el mal uso de los fondos públicos provenientes de la “tasa verde” es solo la punta del iceberg de un consuetudinario problema del distrito: el de la ambigüedad en las cuentas públicas.
Por Jorge A. Derra (Concejal Frepaso entre 1999 y 2003)
jorgederra@yahoo.com.ar
Fuente: El Día de Escobar
