Por anomalías administrativas en la contratación de maquinarias viales, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sancionó con una multa de más de 400 mil pesos al intendente Sandro Guzmán. Fuentes municipales, sin embargo, señalaron que la situación será subsanada en los próximos días con la presentación de la documentación adeudada al organismo de control.
Según un informe publicado por la revista platense La Tecla, “el Tribunal de Cuentas determinó que el Municipio no entregó información sobre los lugares donde se emplearon las maquinarias, ni detalle de días y horas trabajadas, debidamente certificadas por algún funcionario perteneciente a la secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, entre otras anomalías administrativas”.
Por ello, el ente auditor aplicó una multa de 421.166 pesos al intendente Sandro Guzmán. La sanción corresponde a una contratación del año 2008, que también le valió apercibimientos del mismo tenor a más de medio centenar de alcaldes bonaerenses.
Desde la Comuna, ante la consulta de este medio, distintas fuentes señalaron que la situación será subsanada en los próximos días. “Existe una instancia que se llama recurso de revisión. Ahí, el contador municipal Gustavo Riggio aportará en La Plata la documentación respaldatoria que no se llegó a presentar, porque 2008 fue un año complicado y los plazos se acortaron”, explicaron desde Hacienda, descontando que de esa manera quedará sin efecto la multa.
“Si bien no es usual que pase esto en Escobar, tampoco es algo grave. Sólo se trata de un apercibimiento”, amplió la fuente, confiada en que el caso tendrá una resolución favorable. “Ya en 2009 tomamos los recaudos, así que esperamos que no volver a pasar por una situación similar”, concluyó.
De multas y cargos
Si bien los ejercicios del año 2008 de los 134 municipios fueron aprobados por el órgano de contralor, un alto porcentaje de los jefes comunales fue multado y/o amonestado.
Todas las multas y cargos que deben afrontar los intendentes son extractos de los fallos del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que explicó a La Tecla algunas consideraciones sobre la forma de pago de las sanciones y también sobre el proceso judicial:
Las multas son por infracciones formales, como la no presentación en término de los elementos que requiere el Tribunal. En cambio, el cargo es cuando por la acción del cuentadante se produce un daño patrimonial al municipio, que debe ser compensado. Ese daño por ilegalidad debe reintegrarse al patrimonio municipal.
Los intendentes tienen la posibilidad de apelar el fallo para aportar la documentación que les falta. Según las presentaciones de informes que realicen, se disminuye el cargo hasta el monto de la documentación que aporten, y queda vigente lo que no alcancen a justificar con la documentación pertinente.
Los jefes comunales, si están en desacuerdo con el dictamen, utilizan la vía contenciosa y queda en suspenso hasta que el Contencioso resuelva. Luego el expediente pasa a la Fiscalía de Estado, que es el ente que ejecuta.
En el caso de las multas son extrañas las veces que se dan marcha atrás. Pueden existir casos donde se justifique que por razones de fuerza mayor le impidieron el cumplimiento, y está en la decisión del organismo reducir alguna multa.
Guzmán fue gravado con una suculenta multa, que sus funcionarios confían levantar.
Por anomalías administrativas en la contratación de maquinarias viales, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sancionó con una multa de más de 400 mil pesos al intendente Sandro Guzmán. Fuentes municipales, sin embargo, señalaron que la situación será subsanada en los próximos días con la presentación de la documentación adeudada al organismo de control.
Según un informe publicado por la revista platense La Tecla, “el Tribunal de Cuentas determinó que el Municipio no entregó información sobre los lugares donde se emplearon las maquinarias, ni detalle de días y horas trabajadas, debidamente certificadas por algún funcionario perteneciente a la secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, entre otras anomalías administrativas”.
Por ello, el ente auditor aplicó una multa de 421.166 pesos al intendente Sandro Guzmán. La sanción corresponde a una contratación del año 2008, en el que más de medio centenar de alcaldes bonaerenses recibieron apercibimientos del mismo tenor.
Desde la Comuna, ante la consulta de este medio, distintas fuentes señalaron que la situación será subsanada en los próximos días. “Existe una instancia que se llama recurso de revisión. Ahí, el contador municipal Gustavo Riggio aportará en La Plata la documentación respaldatoria que no se llegó a presentar, porque 2008 fue un año complicado y los plazos se acortaron”, explicaron desde Hacienda, descontando que de esa manera quedará sin efecto la multa.
“Si bien no es usual que pase esto en Escobar, tampoco es algo grave. Sólo se trata de un apercibimiento”, amplió la fuente, confiada en que el caso tendrá una resolución favorable. “Ya en 2009 tomamos los recaudos, así que esperamos que no volver a pasar por una situación similar”, concluyó.
De multas y cargos
Si bien los ejercicios del año 2008 de los 134 municipios fueron aprobados por el órgano de contralor, un alto porcentaje de los jefes comunales fue multado y/o amonestado.
Todas las multas y cargos que deben afrontar los intendentes son extractos de los fallos del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que explicó a La Tecla algunas consideraciones sobre la forma de pago de las sanciones y también sobre el proceso judicial:
Las multas son por infracciones formales, como la no presentación en término de los elementos que requiere el Tribunal. En cambio, el cargo es cuando por la acción del cuentadante se produce un daño patrimonial al municipio, que debe ser compensado. Ese daño por ilegalidad debe reintegrarse al patrimonio municipal.
Los intendentes tienen la posibilidad de apelar el fallo para aportar la documentación que les falta. Según las presentaciones de informes que realicen, se disminuye el cargo hasta el monto de la documentación que aporten, y queda vigente lo que no alcancen a justificar con la documentación pertinente.
Los jefes comunales, si están en desacuerdo con el dictamen, utilizan la vía contenciosa y queda en suspenso hasta que el Contencioso resuelva. Luego el expediente pasa a la Fiscalía de Estado, que es el ente que ejecuta.
En el caso de las multas son extrañas las veces que se dan marcha atrás. Pueden existir casos donde se justifique que por razones de fuerza mayor le impidieron el cumplimiento, y está en la decisión del organismo reducir alguna multa.
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