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Recalculando. Tras asegurar que la decisión estaba tomada, ahora el intendente aceptó reconsiderarla.
Se lo dijo a un grupo de vecinos con quienes se reunió en su despacho. Hace un mes había afirmado que la decisión estaba tomada y llegó a plantear que detrás de las protestas había un trasfondo político.
Volviendo sobre sus pasos y sus palabras, el intendente Ariel Sujarchuk se comprometió este miércoles a reconsiderar la ubicación prevista para la futura alcaidía departamental del partido de Escobar. Lo hizo ante un grupo de vecinos, a quienes recibió en su despacho y les pidió diez días para analizar a fondo la situación.
La alcaidía se convirtió durante el último mes en uno de los temas principales de la agenda local, a partir de las manifestaciones que llevaron a cabo los vecinos que se oponen a la construcción de ese establecimiento penitenciario en el barrio Donatelli, frente al cementerio municipal de Belén de Escobar.
La primera de esas protestas fue el lunes 6, frente al Palacio Municipal, en la semana previa a las elecciones primarias. Pocas horas después, el intendente aseguró que no daría el brazo a torcer: “Voy a sostener la decisión”, declaró en una entrevista exclusiva con El Día de Escobar.
Además de ratificar su postura, en ese momento Sujarchuk fue mucho más allá y acusó a “dos agentes inmobiliarios”, a quienes no quiso mencionar por sus nombres, de estar “fogoneando” desde las sombras a los vecinos. “Están procurando cuidar sus loteos personales y no el interés colectivo. Uno es de Escobar y se rasga las vestiduras diciendo que le preocupa la seguridad, menos cuando le tocan el bolsillo”, arremetió.
Sobre la elección del predio ubicado frente a la necrópolis para edificar la alcaidía, explicó: “La tierra fiscal pendiente que tenemos no es tanta, esencialmente los metros cuadrados. Por lo tanto, sobre la cantidad posible nosotros delegamos las opciones a la Provincia y ellos, entre todas las posibilidades, eligieron este terreno”.
A pesar de mostrarse inflexible, el jefe comunal también afirmó que estaba abierto al diálogo con los vecinos. Un mes y varias marchas después, esa instancia finalmente se abrió este miércoles a la tarde, cuando recibió a cuatro referentes del grupo que viene organizando las manifestaciones.
“Fue una charla amena, porque él está dispuesto a ceder y nos dijo que va a buscar un terreno en otro lado. Dentro de diez días nos volvemos a reunir”, afirmó Lourdes, una de las vecinas que participó del encuentro. También reconoció que “la alcaidía en Escobar se tiene que hacer”, aunque remarcó que debería construirse en un lugar alejado de áreas pobladas.
De la reunión, que el intendente no publicó en sus redes sociales como suele hacer, también participaron el secretario general del Municipio, Alberto Ramil; el secretario de Gobierno, Javier Rehl; el secretario de Seguridad, Nicolás Serruya; y la secretaria de Legal y Técnica, Laura Guazzaroni.
“Hay un compromiso del intendente de seguir buscando alternativas y escuchar el reclamo de los vecinos. Las tierras fiscales del Municipio están identificadas en el Banco de Tierras, ahora reestudiaremos todas las parcelas y haremos las consultas a la Provincia y a los vecinos para ver si alguna de ellas cumple con esos requerimientos para resolver esta problemática”, expresó Serruya en declaraciones a Qué Pasa Web.
Durante el encuentro los funcionarios también se refirieron al estudio de impacto socioambiental que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata llevará a cabo en los lugares donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia tiene previsto construir alcaidías y unidades penitenciarias, entre ellos, por supuesto, Escobar.
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“Hasta que no esté hecho el informe de impacto ambiental no se construirá ninguna alcaldía. Y nosotros pedimos que haya una comisión de vecinos con representantes de cada barrio para controlar cómo se realiza ese informe», afirmó la mencionada vecina, al dar cuenta ante sus pares de lo hablado con Sujarchuk y su equipo.
Otro tema que los funcionarios mencionaron en la reunión es que la alcaidía tendrá capacidad para 88 internos y no para 300, como se había informado desde el Municipio en un primer momento. Además, aseguraron que, contra lo que muchos vecinos plantean, generará más seguridad en el barrio por la mayor presencia de personal policial y del Servicio Penitenciario Bonaerense.
“Ahora hay que seguir pensando alternativas, mientras la Provincia realiza el informe de impacto socioambiental para ver cómo se conjuga el desarrollo del proyecto con la locación específica, y evaluar la factibilidad de una nueva localización. La relocalización no es sencilla: los predios municipales que se puedan llegar a ceder para la construcción de la alcaldía deben cumplir con algunas características especiales”, aclaró Serruya, tratando de no alimentar falsas expectativas.
Por lo pronto, los vecinos ya lograron que el intendente los reciba y escuche sus argumentos, en vez de estigmatizarlos con acusaciones que, a la luz de los acontecimientos, se desvanecieron por infundadas.
Por Ciro D. Yacuzzi
