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El comisario Guerra se toma la cara; del otro lado, Vara mira.
Con la intención de analizar los graves desmanes provocados la semana pasada por una patota del gremio UCAIRRA frente a una agencia de autos al instante de la calle Rivadavia, la Cámara de Remises del partido de Escobar (CARE), la Cámara de Comercio, Industria y Servicios (CCISE) y el Foro Vecinal de Seguridad convocaron este miércoles 11 a la noche a una reunión de la que participaron unas doscientas personas.
El encuentro se llevó a cabo en un salón de eventos ubicado sobre la calle Asborno al 600, en Belén de Escobar. Entre el público se encontraban en su mayoría empleados de la remisería atacada, pero también hubo comerciantes que ese día se vieron seriamente perjudicados y varios funcionarios públicos.
La mesa principal estuvo compuesta por los presidentes de las cámaras convocantes, Hernán González por la CCISE, Horacio Sánchez por la Cámara de Remises y Víctor Berardi en representación del Foro. Por el Municipio dieron la cara el secretario de Gobierno, Horacio Bozano, y el secretario de Seguridad, Walter Gómez. También asistieron los concejales oficialistas Juan Carlos Parlatto y Luis Carranza; el jefe distrital de la Policía, Marcelo Guerra, y el jefe de la comisaría Escobar 1ra, Carlos Vara. En tanto, brillaron por su ausencia los representantes del Ministerio Público Fiscal -habían sido convocados expresamente-, dejando sin respuestas varios de los cuestionamientos que surgieron en la reunión.
El titular de la CARE fue el primero en tomar la palabra. Visiblemente enojado expresó: “Ese día me pelotearon como pelotita de ping pong entre la fiscalía y la comisaría. Me cansé de tocar puertas y me las cerraron todas, no obtuve una respuesta favorable de nadie”. Resaltó que no sólo la seguridad de los involucrados estuvo en juego sino la de los transeúntes y la de los comerciantes, pero que “esperaron a que ocurrieran los desmanes para actuar”. Además, agregó: “El Municipio tampoco existe. Como ciudadano de Escobar me siento totalmente desprotegido, hemos sido abandonados”.
Por su parte, el presidente de la CCISE, Hernán González, también puso en relieve la gravedad de los hechos ocurridos pero, sobre todo, pidió una respuesta a por qué hubo un estado de indefensión: “En mis cuatro años de mandato este es el momento en que más preocupado, más triste y más inquieto me encuentro, porque lo que se vivió ese día no se vivió jamás en Escobar. Nunca se vio un auto incendiado ni balas de goma. El sector al cual yo represento se vio seriamente dañado, se coartó el derecho al trabajo. Los comerciantes de la calle Rivadavia tuvieron que cerrar sus negocios durante todo el día y no existió respuesta de autoridad alguna”.
González aseguró que “más que temor sentimos pánico y la gente que pidió que la fueran a defender no fue defendida. Se puso en riesgo la vida de las personas, la propiedad privada que tanto nos cuesta mantener en nuestros comercios y no tuvimos una explicación sensata desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde”.
Por su parte, el secretario de Gobierno defendió el actuar del Municipio: “Apenas tomamos conocimiento del hecho se puso a disposición a la gente de Prevención Comunitaria, Policía de Tránsito, la Secretaría de Salud mandó ambulancias para los heridos y estuvimos en contacto con la fiscalía en todo momento. Al día siguiente nos presentamos con un escrito en la causa aportando como testigo a todo el personal que teníamos apostado en el lugar”. Mientras hablaba, los remiseros de Baires se miraban entre ellos y hacían señas golpeándose la cara con la mano y murmurando: “Qué cara dura”.
Los asistentes no se dieron por conformes con las respuestas.
El secretario de Seguridad también intentó una justificación diciendo que “el Municipio estuvo presente en todo momento, cuando se cortó el tránsito, inmediatamente la Policía de Tránsito se apostó en el lugar, pero no tenemos la facultad de efectuar un procedimiento de desalojo ni de aprehensión. No tenemos poder de policía“, se excusó.
Cuando le llegó el turno a los funcionarios policiales, las explicaciones tampoco fueron del todo sólidas y le tiraron la pelota a la fiscalía, cuya versión no pudo escucharse por la ausencia de sus representantes. Fue así como el jefe distrital explicó que “hay tres actuaciones judiciales relacionadas a este hecho: el primer expediente judicial fue originado de oficio por la comisaría 1° de Escobar por el desalojo en la vía pública; el segundo presentado por la Cámara de Remiseros en contra del personal policial por una situación de pasividad, y la tercera fue formulada por el Sindicato de Remiseros por la represión policial”.
Además, informó que hubo tres detenidos a los que se les incautó armas blancas, panfletos, folletos y camperas identificatorias del sindicato de remiseros. “Las tratativas de negociaciones fueron nulas y por eso se procedió al desalojo, violento o no, habrá que ver. Y si hubo un mal accionar policial, los responsables serán castigados”.
El comisario Carlos Vara explicó: “La Policía actúa acorde al delito y al cumplimiento del deber. Esto significa que tenemos que manejarnos de acuerdo al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, bajo las directivas del fiscal de turno, en este caso el doctor Christian Fabio fue quien evaluó e impartió las directivas a seguir. El fiscal entendió que era una protesta gremial y ante eso no podemos actuar porque es un derecho constitucional. Recién cuando empezaron los desmanes ordenó el desalojo de la vía pública“.
A continuación, Horacio Sánchez volvió a tomar el micrófono y fue muy aplaudido por el público cuando manifestó: “Pedimos efectivos y seguridad en la puerta de la agencia y no la tuvimos. Veinte delincuentes manejaron Escobar. Esto no fue un conflicto gremial. No tuvimos seguridad”.
Para el dueño de remises Baires, Fernando Sánchez, la agresión fue “salvaje“. “Una banda de delincuentes nos privó de la libertad y nos mató a palos a todos los trabajadores de Escobar. No hubo un funcionario de la Municipalidad que se haya acercado a preguntar por las personas heridas. La policía esperó los desmanes para empezar a actuar. Nos sentimos totalmente desamparados en todos los niveles. Acá no hay un conflicto gremial sino una banda de delincuentes y nada más”.
Luego tuvieron la oportunidad de hablar los empleados de Baires. Cuestionaron a la policía y denunciaron que a ellos les dispararon a pesar de haber estado identificados con camisas blancas.
Los remiseros estaban angustiados, con miedo y al borde de las lágrimas. Algunos rengueaban por los golpes, otros contaron que tenían los ojos lastimados. La dueña del auto incendiado dijo que todos los ahorros de ella y su marido se fueron ahí, y que quería saber quién se hará cargo. Pero hubo un reclamo generalizado y fue la sensación de abandono y desprotección.
Todos se preguntaron a qué se debió y qué tienen que hacer si alguna vez algo parecido se repite. También cuestionaron qué cosas son las que van a cambiar para que no vuelva a suceder. Pero no encontraron respuestas. Al igual que el día de la agresión, tanto la Policía como los funcionarios tuvieron muy poco para decir.
Las conclusiones también fueron tibias. El comisario Guerra propuso nuevas reuniones. Todos estuvieron de acuerdo en que no puede volver a suceder y que hay que encontrar soluciones para que los mecanismos de seguridad no vuelvan a fallar. ¿Cómo? Ese es el interrogante que quedó abierto.
La numerosa concurrencia dejó en evidencia la dimensión del problema y la indignación que generó en los afectados.
Por Florencia Alvarez
