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Costa, presidente de la bancada AVE/Escobar es Posible.
Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Escobar sancionó este miércoles 28 una resolución en la que declaró “de interés legislativo” la implementación definitiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a ejecutarse a partir del 7 de diciembre (“7D”). La única voz de rechazo al proyecto fue la del vecinalista Leandro Costa, quien sorprendió al asumir una encendida defensa del multimedios Clarín.
“Son veinte los grupos que se tienen que adecuar a esta Ley de Medios y esta resolución solo hace mención a uno, que es Clarín”, señaló el titular del bloque AVE/Escobar es Posible. Curiosa observación si se tiene en cuenta que Clarín es el único multimedios que se resiste a acatar la normativa y el 7D es el plazo establecido por la Suprema Corte de la Nación para la vigencia de las dilatorias medidas cautelares que lleva presentadas ante la Justicia el poderoso grupo comunicacional.
Pero Costa fue mucho más allá a la hora de argumentar su voto negativo al proyecto presentado por el concejal kirchnerista José María Rognone. “No tenemos que confundirnos: bajo las banderas de libertad de expresión y de voces para todos se encuentra la actitud autoritaria de una presidente que busca hegemonía en la información”, aseveró.
El hijo del senador provincial de la UCR también aventuró que “así como Clarín es víctima de los medios oficialistas, bancados, como la propaganda del fútbol, con dinero estatal, mañana cualquier persona o grupo que manifieste cuestiones contrarias a lo que se quiere escuchar en la Casa Rosada podría ser víctima de estos ataques”.
A modo de conclusión, el joven edil sentenció: “No se puede combatir la mentira con más mentira ni se puede combatir un monopolio privado con un monopolio estatal”.
Por su parte, el autor de la iniciativa subrayó que la Ley de Medios sancionada en octubre de 2009 “busca promover, desconcentrar y fomentar la competencia, con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, a la vez que “garantiza la intervención del Estado para que no existan posiciones dominantes que lesionen el derecho a la información o la libertad de expresión”.
El proyecto, finalmente, fue aprobado por mayoría, con la única disidencia del binomio vecinalista.
