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En piyama, con anteojos y cuelo ortopédico. Así se presentó este viernes Luis Abelardo Patti (70) al inicio de un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar; esta vez, el escalofriante asesinato del ex diputado peronista Diego Muniz Barreto.
La audiencia se desarrolló de manera virtual y el otrora intendente de Escobar participó desde una habitación de su casa en el country Terrazas de Septiembre, donde cumple arresto domiciliario desde 2017.
Hace varios años que no se veía una imagen del ex jefe comunal y subcomisario de la Policía Bonaerense. Desde que recibió la primera de sus tres condenas a reclusión perpetua, en 2011, su rostro prácticamente no volvió a aparecer en los medios, más allá de las fotos de archivo con las que suelen ilustrarse las notas en las que se lo menciona.
Quizás la última imagen que se recuerde del ex jefe político de Escobar sea aquella en la camilla, dormido y tapado con frazadas, como se presentó a la primera audiencia por el asesinato del militante peronista Gastón Gonçalvez. Desde que fue privado de su libertad después de haber sido expulsado de la Cámara de Diputados de la Nación, en 2008, esa fue su última aparición pública.
La videoconferencia fue transmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial, duró más de dos horas y Patti no intervino. Apenas asintió con la cabeza cuando el juez Walter Venditti explicó la dinámica del encuentro y le pidió que estuviera atento a todo lo que se dijera.
Con 70 años cumplidos en noviembre de 2022, Patti lleva seis recluido en su domicilio. Una concesión que logró al exponer razones de salud para no tener que cumplir sus condenas en una cárcel común, tras haber pasado por los penales de Ezeiza y Marcos Paz.
Ahora se enfrenta a un nuevo proceso judicial, que podría derivar en su cuarta condena a perpetua. A esta altura, una mancha más a un tigre que hace rato dejó de rugir.
De nuevo en el banquillo
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín dio comienzo este viernes al juicio contra Patti por el homicidio del ex diputado Diego Muñiz Barreto y el intento de asesinato del secretario del legislador, Juan José Fernández, dos hechos ocurridos durante la última dictadura.
La imputación de esos delitos había sido rechazada en 2011 durante la instrucción de la causa, lo que finalmente fue revertido, luego de distintas instancias judiciales, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según se consignó en el sitio Fiscales, dependiente de la Procuración de la Nación.
Los jueces integrantes del TOF, Walter Venditti, Matías Alejandro Mancini y Esteban Rodríguez Eggers, condujeron la audiencia de apertura del debate que se realizó de forma virtual, con la lectura de la síntesis de los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
“Que parezca un accidente”: un crimen atroz
A Patti se le imputa “haber formado parte del engranaje del plan sistemático del Terrorismo de Estado por haber cumplido funciones desde el 4 de enero de 1972 hasta el 7 de marzo de 1977 en la Comisaria de Escobar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
Según el requerimiento fiscal, Muñiz Barreto y Fernández fueron secuestrados y privados de su libertad en la comisaria de Escobar el 16 de febrero de 1977.
Allí permanecieron hasta el 18 de febrero, y luego fueron trasladados a otra dependencia policial en la localidad de Tigre, donde estuvieron dos horas, los esposaron y los desvistieron.
Posteriormente fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, donde fueron golpeados y sometidos a simulacros de fusilamiento.
Tras dos semanas de cautiverio, el 6 de marzo fueron llevados hasta la provincia de Entre Ríos y arrojados dentro de un auto al río Paraná con la intención de fraguar un accidente, según se detalló en un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos. En ese lugar murió Muniz Barreto, mientras que Fernández logró salir del vehículo y escapar.
El ex comisario ya fue condenado en 2011 por el secuestro y los tormentos que sufrieron Muñiz Barreto y Fernández en Escobar, pero no fue juzgado por homicidio ya que había sido sobreseído por ese delito durante la instrucción de la causa.
“Luego de un largo proceso judicial, se revirtió esa decisión en la Corte Suprema de Justicia y ahora deberá responder por su responsabilidad en el asesinato”, sostuvieron desde la secretaría que conduce Horacio Pietragalla.
