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Un matrimonio y sus dos hijos fueron desalojados de un predio propiedad de Edenor S.A., ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, tras una orden judicial solicitada por la empresa y respaldada por la fiscalía local.
El procedimiento se realizó de manera pacífica en la intersección de Colectora Este y El Dorado, a metros de la subestación de Edenor. Participaron el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Escobar 2ª, la Policía Municipal, la Guardia Urbana, el DOT de Escobar y personal de la Dirección de Niñez y Desarrollo Social del Municipio.
La orden judicial se emitió luego de una investigación que permitió identificar a los ocupantes y constatar la usurpación del predio, que habría comenzado en enero. La fiscalía Nº5 de Escobar solicitó la medida al juez competente, concretada el martes pasado.
Previo al desalojo, se realizó un acta legal y se notificó a los ocupantes sobre la diligencia judicial que se ejecutaría, garantizando el cumplimiento de la norma y la protección de los derechos de las personas a desalojar.
La familia, compuesta por una pareja y sus dos hijos, fue trasladada junto a sus pertenencias a una vivienda alternativa en Garín, de donde sería oriunda la mujer. Este desplazamiento se hizo con un camión provisto por la empresa concesionaria del servicio eléctrico, con acompañamiento de personal policial.
La vivienda que ocupaban era una casilla de madera, completamente precaria: contaba con una sola puerta de acceso y no tenía ventanas, luz eléctrica, agua corriente ni baño, lo que evidenciaba la falta de condiciones mínimas de habitabilidad.
Durante el procedimiento, el personal policial y municipal supervisó el retiro de todos los elementos personales de la pareja y sus hijos, quienes se habrían comportado de manera ordenada y sin conflictos, aceptando la disposición judicial.
Al finalizar el operativo, Edenor recuperó el control del predio que quedó bajo resguardo legal de la empresa.
El desalojo se desarrolló sin incidentes y conforme a la normativa vigente, demostrando un trabajo coordinado entre los distintos organismos de seguridad y asistencia social de la región.
La intervención también permitió garantizar la protección de los menores y el respeto a sus derechos durante todo el procedimiento, cumpliendo con los protocolos de asistencia social establecidos.
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