El informe realizado por la Universidad de La Plata consideró apropiada la construcción de la alcaidía frente al cementerio municipal. No obstante, recomendó medidas para mitigar potenciales impactos desfavorables.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires el estudio de impacto social y ambiental sobre la construcción de la alcaidía departamental en la ciudad de Belén de Escobar. El informe concluye que el terreno elegido, frente al cementerio municipal, “es apto”.
“En el encuadre de la normativa ambiental vigente, el predio actual y sus alrededores serían aptos para albergar al proyecto, siempre que se cumplan las recomendaciones del presente estudio”, señala el documento, que da luz verde a la construcción de esta unidad penitenciaria en ese lugar.
Entre las recomendaciones para mitigar posibles impactos negativos, el estudio consigna que se deberá “realizar el correcto seguimiento de las principales variables ambientales y sociales”, “cumplir con los programas de gestión ambiental y medidas de mitigación propuestas”, “dar rápida y adecuada atención a las posibles contingencias” y “respetar la vinculación del establecimiento con el entorno”.
“Por lo tanto, es opinión de los profesionales intervinientes que, siempre y cuando se cumpla lo expresado en el presente estudio, no existen inconvenientes para que la autoridad competente emita la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la Ley 11.723”, concluye el dossier de 160 páginas, al que tuvo acceso El Día de Escobar.
El predio previsto para desarrollar el proyecto tiene una superficie de 7.848 metros cuadrados -menos de una hectárea- y se encuentra sobre la calle Gelves, justo enfrente del cementerio municipal, donde se erigirá un edificio “con capacidad de 88 celdas, distribuidas en dos módulos, de dos niveles y con cuatro pabellones cada uno”.
Del estudio, que comenzó a mediados de noviembre, participaron un licenciado en Biología, un licenciado en Ciencias Geológicas, una licenciada de Trabajo Social y una abogada especialista en Derecho Ambiental.
El resultado del informe realizado por la UNLP fue dado a conocer el martes a un grupo de vecinos del barrio Donatelli y alrededores en una reunión que encabezó el intendente interino Alberto Ramil, en el Palacio Municipal. También estuvieron el secretario de Seguridad, Nicolás Serruya, y el subsecretario de Legal y Técnica, Nicolás Gaytán.
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Los vecinos salieron desairados. A fines de octubre, Ariel Sujarchuk les había prometido que por cinco meses no habría definiciones, considerando que ese sería el tiempo que podía tardar la UNLP en finalizar el informe. Sin embargo, en menos de la mitad de ese plazo los profesionales completaron su trabajo y respaldaron la decisión gubernamental.
En disconformidad, los vecinos realizaron ese mismo día una marcha por el centro escobarense. Y ahora están convocando a una manifestación para este martes a las 18 en el puente de ruta 25 y Panamericana, en la entrada a la ciudad.
“Nosotros sabemos que ese lugar no es apto y queremos que, una vez más, sepan las autoridades que no la queremos allí. Que la pongan en colectora, que no moleste a nadie”, expresaron en una convocatoria que circula en Facebook.
La docente Natalia Carrizo fue una de las vecinas que participó de la reunión con las autoridades municipales. «Nosotros no queremos la construcción de ese proyecto en nuestro barrio. Ya tenemos otras instituciones de las mismas características como el cementerio, un crematorio, y un basural a cielo abierto, que genera olores fuertísimos», afirmó a El Día de Escobar.
La vecina denunció algunas irregularidades en el estudio, como la falta de entrevistas a directivos de las escuelas cercanas y habitantes de la zona, la falta de mención del horno crematorio y supuestas inconsistencias con respecto a la cantidad de personas que prevé albergar, entre otros aspectos. «Deja mucho que desear», consideró.
«Los cálculos de aguas servidas se hacen sobre 450 personas, cuando ellos nos dijeron en varias ocasiones que la alcaidía sería para 88 personas. Esas incongruencias son las que tanto nos molestan y nos generan tanta desconfianza», agregó.
«Tenían hasta cinco meses para hacerlo, pero lo hicieron en uno. Fue ejemplar para nuestro país, que siempre las cosas suelen demorarse», ironizó.
El estudio menciona que actualmente hay 29 personas alojadas en los calabozos de las distintas comisarías del partido de Escobar. En tanto que, del total de 46.220 personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, 732 son habitantes del distrito.
“Transformar el sistema penitenciario”
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció el miércoles que construirá 12 mil plazas en las cárceles de la provincia y afirmó que su administración hará «una verdadera transformación del sistema penitenciario» para que «estar preso deje de ser una tortura» y las personas cumplan la condena “en un camino hacia la reinserción social”.
El mandatario formuló declaraciones al encabezar el inicio de las obras del Plan de Infraestructura Penitenciaria. En el acto, que se desarrolló en Merlo, el gobernador dijo que asumió en 2019 en el marco de una crisis «en lo productivo, lo social, la seguridad y también una crisis humanitaria, de acuerdo a las Naciones Unidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)».
«Teníamos la sobrepoblación más grande de la historia: 24 mil plazas y 52 mil internos en condiciones de hacinamiento e infrahumanas, cuando el sistema penal indica que la gente que va presa, lo hace para poder después reinsertarse en la sociedad», continuó Kicillof, y apuntó que, para ello, «no se puede vivir en condiciones animales».
«Para resolver esa cuestión y para que las cárceles no fueran universidades del delito, había que hacer una ampliación importante del SPB. Eso era conseguir miles de millones de pesos, terrenos, hablar con intendentes. Trazamos un plan que era difícil, pero hoy estamos convirtiendo en realidad el plan de infraestructura penitenciaria más grande del que se tenga memoria», aseveró el gobernador.
El Plan de Infraestructura Penitenciaria 2022-2023 prevé la construcción de 20 grandes obras en el conurbano bonaerense, 5 unidades para mil internos y 15 alcaldías de 320 internos con un total de 10 mil plazas.
A este plan se suman 2.000 plazas construidas en el período 2020-2021, con lo que se llegará a la construcción de 12.000 plazas en 4 años, que se sumarán a las 24.000 que se construyeron en la Provincia en sus 200 años de existencia.
Concretamente, este miércoles se anunció la construcción de 2 unidades en Merlo y 5 alcaldías en Berazategui, Almirante Brown, Lomas, Merlo y Escobar, financiadas con fondos provinciales, y se firmó el convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para la transferencia de fondos a la Provincia para la construcción de 3 unidades en Moreno, Mercedes y Florencio Varela y 10 alcaldías en Moreno, Tres de Febrero, Tigre, La Plata, Hurlingham, Morón, La Matanza, Ezeiza, Lanús y Quilmes.
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