Cuestionan el informe que realizó la Universidad de La Plata. Dicen que es tendencioso, incompleto y erróneo. Por eso, exigen que se haga uno nuevo, a cargo de una “institución imparcial, seria y sin compromisos políticos”.
La polémica por la construcción de la alcaidía frente al cementerio de Belén de Escobar no se detiene. Días atrás, vecinos de los barrios aledaños viajaron a la ciudad de La Plata para entregar un petitorio en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Reclaman un nuevo estudio de impacto ambiental.
El documento elaborado por los vecinos rechaza el emplazamiento de la alcaidía al fondo de la calle Gelves, en el barrio Donatelli, y también cuestiona duramente el informe de impacto ambiental y social realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que consideró “apto” el predio elegido para llevar a cabo el proyecto.
Entre varios aspectos, el planteo de los vecinos critica la cesión del terreno “en instancias dudosas y sin debate previo”, al mismo tiempo que sostiene que en el estudio de impacto ambiental “se observa la ideología de los profesionales que suscriben” (sic). Por esos y otros motivos, solicitan que sea anulado y desechado.
Del mismo modo, piden que se realice un nuevo estudio de impacto a cargo de “una institución imparcial, seria y sin compromisos políticos”.
Semanas atrás trascendió que desde el Ejecutivo se estaba por definir una fecha para llevar a cabo una audiencia pública. Sería el último paso previo al inicio de la construcción de la alcaidía, que forma parte del plan de infraestructura penitenciaria impulsado por el gobernador Axel Kicillof.
A esta altura del partido, pocos creen que sea posible dar marcha atrás. No obstante, un grupo de vecinos sigue sin dar el brazo a torcer y conserva la esperanza de revertir algo que ya parece completamente decidido.
A continuación, algunos pasajes del petitorio y de los principales puntos que los vecinos ponen en tela de juicio.
-Que la cesión del terreno se resolvió en instancias dudosas y sin debate previo, sin trascendencia mediática, lo cual suele ser costumbre de la gestión actual, que las actuales autoridades municipales disponen de un enorme aparato de difusión, resulta (por ello) extraño que no se difundiera este proyecto previamente.
-Que los profesionales intervinientes, en su gran mayoría, no han visitado el área de influencia.
-Que no hay testigos ni pruebas fehacientes de la veracidad de la toma de muestras (efectuada por la Universidad de La Plata).
-Que la gramática del documento (de impacto ambiental) presenta errores ortográficos y numerosas faltas de coherencia y cohesión que demuestran carencia de seriedad y profesionalismo, poniendo en duda su procedencia.
-Que el único ejemplar entregado a la comunidad, dadas sus características, no permite analizar gran cantidad de datos.
-Que se visualizan contradicciones y errores relevantes en los datos que caracterizan la región.
-Que se entrevistaron actores sin vinculación con el área de influencia, que varios son actores vinculados políticamente con una parte del conflicto.
-Que se excluyó de la entrevista a actores fundamentales sin mediar otras instancias ni agotar herramientas de comunicación.
-Que no se vincula el proyecto con la cultura propia del ambiente.
-Que desde el inicio del estudio se observa la ideología de los profesionales que suscriben, a partir de la selección de bibliografía y temas en las entrevistas.
-Que el informe postula, engrandece y considera como impacto positivo la instalación de servicios de gas y agua de red, que no considera en la infraestructura del edificio.
-Que se acusa injustamente a la comunidad de los barrios del área de prejuiciosos, cuando no se los ha consultado y se los excluyó del proceso democrático que dicta la ley, argumentando con expresiones ligeras y falta de premisas reales.
-Que no se estudió el acuífero que pretenden explotar a sabiendas que se encuentra con deficiencias y que está afectando la salud y el bienestar de la población actual, sobre todo considerando la pandemia de Covid-19.
-Que no se estudió el impacto en el valor de las propiedades, siendo este un recurso valioso en la economía de los habitantes, que el mismo estudio considera como impacto negativo, se tomó este tema a la ligera y con falta de seriedad.
-Que la lectura del estudio nos enfrenta a la población de personas privadas de la libertad con argumentos falaces que podrían generar conflicto y malestar. Que es mentira que tenemos prejuicios y miedos, porque somos expertos en el conocimiento de nuestro ambiente.
-Que el texto de la introducción al estudio social expone la intención de adoctrinamiento y sumisión a las decisiones del poder político. Si bien es cierto que el poder político cuenta con el aval de cierto número del electorado, no cuenta con la totalidad de éste y que los funcionarios que ocupan las secretarías no son elegidos por el pueblo y que el proyecto de la alcaldía no se mencionó en las propuestas electorales como tampoco su ubicación.
-Que no se representa a las personas privadas de la libertad en el estudio, fueron excluidos sin tener en cuenta su opinión acerca de alojarse junto a un cementerio entendiendo que los autores del estudio tienen vasto conocimiento en el área.
-Que este estudio supone que requerimos mayor presencia de personal de seguridad, cuando los barrios públicos no conviven con un sistema de seguridad constante, no lo necesitan y no es parte de su cultura acciones como identificarse para ingresar al barrio o declarar a los invitados. Que registrar, filmar y dejar asentado quien corta el pasto o hace la limpieza no es parte del día a día. Este sistema de seguridad sistemático corresponde a la cultura de los barrios privados en donde la presencia del personal de seguridad con uniformes, armas y protocolos son parte de su idiosincrasia. Esta idea de seguridad que postulan sobre la ubicación de la alcaldía se corresponde con la cultura de los barrios privados, siendo este un importante argumento en favor de su reubicación en zonas aledañas a barrios privados, allí donde sus habitantes gustan de la presencia constante de personal de seguridad uniformado.
-Que el Estado cuenta con recursos de expropiación, permuta y compra de otros terrenos, que el municipio cuenta con otros predios, como el Parque Solar de Loma Verde, terrenos del Polo Educativo en Maschwitz o terrenos donados recientemente por la comunidad taiwanesa en Loma Verde.
-Que el hecho de que se elijan barrios pobres y postergados para este tipo de proyectos demuestra una clara intención política del Estado.
-Por todo lo expuesto, solicitamos se anule dicho trabajo, se impugne y que sea realizado por una institución imparcial, seria y sin compromisos políticos con las partes, que promueva y articule con la participación democrática de la comunidad realmente afectada.
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