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Exposición. La defensora del Pueblo fue una de las oradoras en la primera jornada de audiencias públicas.
“Nosotros defendemos los principios progresividad, proporcionalidad y razonabilidad”, expresó Rocío Fernández. Además, le advirtió al ministro Aranguren: “Los números no cierran si la gente se queda afuera”.
La defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, participó este viernes de la Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para definir el nuevo cuadro tarifario del servicio de gas natural.
«Somos conscientes de la necesidad de una readecuación tarifaria, pero no se puede hacer de manera inconsulta, porque la Constitución nos garantiza el derecho de ser escuchados. Espero que esta audiencia marque el inicio de una práctica que se lleve adelante cada vez que el Estado quiera reformular el cuadro tarifario de un servicio esencial», expresó la funcionaria, quien participó de la ronda de oradores de la primera de las tres jornadas que se llevaron a cabo en la Usina del Arte.
Sobre la propuesta oficial de un incremento de 203% en el costo del servicio, Fernández advirtió que «se deben contemplar las economías regionales, las particularidades climáticas y geográficas del país, los sectores poblacionales en estado de vulnerabilidad social y la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas que están al borde de despedir trabajadores porque no pueden afrontar el pago de las facturas». Para ellas solicitó la creación de un Régimen Tarifario Promocional.
“Nosotros defendemos los principios establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: progresividad, proporcionalidad y razonabilidad», expresó Fernández en nombre de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de la que es secretaria.
En los diez minutos que tuvo para su alocución, también reclamó la implementación de una Tarifa Social Universal: «Necesitamos que se aplique un idéntico criterio para la aplicación en todos los servicios», apuntó. A la vez, insistió en «la imperiosa necesidad de que se reglamente la ley 27.218 de Entidades de Bien Público», que plantea un Régimen Tarifario Especifico. «Es fundamental entender el rol social que cumplen las entidades, que muchas veces suplen la ausencia del Estado».
Para finalizar, la funcionaria se dirigió al ministro Juan José Aranguren, a quien le advirtió que «todos estos números que vimos hoy no se van a poder llevar a cabo sino se contempla un factor fundamental, que es el pueblo. Es decir, los números no cierran si la gente se queda afuera».
