Se definió una contribución que pagarán los emprendimientos urbanísticos favorecidos por obras públicas. También se votó una nueva prórroga a un préstamo provincial recibido en 2020.
El Concejo Deliberante de Escobar sesionó este martes a la noche en asamblea de concejales y mayores contribuyentes para dar tratamiento a una serie de modificaciones en las ordenanzas Fiscal y Tributaria. También se reprogramó la devolución de un préstamo provincial recibido por el Municipio en 2020 para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
El primero de los tres expedientes votados fue la modificación de la ordenanza Fiscal para otorgarle al Departamento Ejecutivo la facultad de percibir una contribución especial asociada a la mayor rentabilidad que un desarrollo pueda obtener de un inmueble a partir de decisiones urbanísticas y obras generadas por parte de cualquier nivel del Estado o empresas.
Esta tasa por valorización inmobiliaria se enmarca en la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y en la ordenanza 5848, que fuera aprobada por unanimidad en 2020. Los fondos que se recauden se destinarán a una cuenta especial para financiar programas municipales de urbanización, equipamiento urbano o vivienda para la población de menores recursos.
Si el pago de la contribución fuera realizado con uno o más terrenos, los mismos se incorporarán al Banco Municipal de Tierras, creado por la ordenanza 5366/16. Una tercera forma de pago admitida es la construcción de obras públicas de valor equivalente al monto del gravamen.
El régimen Fiscal y Tributario de Escobar incluyó en diciembre de 2021 esta contribución al desarrollo urbanístico -fue aprobada por unanimidad en la anterior asamblea- y lo que se hizo ahora son adecuaciones en el texto normativo para definir parámetros y alícuotas.
En segundo término se trataron una serie de ajustes a los valores fijados para análisis y evaluación de estudio de impacto ambiental de nuevos barrios o ampliación de los existentes, estaciones de servicio, depósitos y logísticas; también para los juegos aéreos de la Granja Educativa Don Benito y el alquiler de predios dados en comodato al Municipio.
A su vez, se votaron reformas de estilo, redacción y valores máximos en los derechos a los espectáculos públicos y la tasa por servicios varios en lo que refiere a acarreo y guarda en depósitos municipales de vehículos retenidos por infracciones.
Sobre el final de la asamblea se consideró la reprogramación de la devolución del empréstito provincial de $170 millones recibido en 2020 a través del Fondo Especial para la Contención Municipal para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Ese financiamiento tuvo una primera prórroga hasta diciembre de 2021. La actual reprogramación cuenta con un plazo de gracia hasta el 1° de diciembre de 2022, mientras que la devolución se pautó en 18 meses, con cuotas mensuales $ 9.472.222 sin intereses.
En este último punto no hubo discrepancias y todos los concejales votaron afirmativamente, ya que el mayor plazo dado licuará el monto a reintegrar por efecto de la inflación. El segundo expediente también se aprobó por unanimidad, aunque con la abstención de Juntos por el Cambio, que votó en contra el proyecto tratado en el inicio de la jornada.
Una particularidad de la asamblea fue la presencia de cinco ex concejales en función de mayores contribuyentes, entre ellos dos presidentes del Concejo Deliberante: Miguel Jobe, que acompañó a Juntos por el Cambio, y Luis Carranza, que se sentó en la bancada oficialista. Los otros ex miembros del cuerpo que participaron fueron Guillermo Alvarez (UCR), Stella Ñamandú (Paufe) y Roberto Palau (Frente para la Victoria).