El proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo fue aprobado con los votos del Frente de Todos y dos concejales de la oposición. Afirman que fortalecerá la resolución de conflictos y la sanción de abusos.
En votación dividida, el Concejo Deliberante de Escobar aprobó este miércoles un proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo que crea el Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios.
El tratamiento de este expediente, que había ingresado la semana pasada al Legislativo, fue el tema central de la sexta sesión ordinaria y marcó un quiebre en la habitual armonía entre oficialismo y el grueso de la oposición.
La iniciativa, de casi 50 artículos, contó con el voto favorable del Frente de Todos y de dos concejales de la oposición: Griselda Aristi, de Unión Liberal, y Patricia Froy, de Juntos. Los otros seis integrantes de la bancada macrista votaron en contra; en tanto que Diego Castagnaro, del monobloque Cambia Escobar, no asistió a la convocatoria.
“Aquellos concejales y concejalas que se opusieron a este código lo hicieron desde el desconocimiento y la desinformación. Tampoco vinieron a la reunión informativa sobre este tema, que se desarrolló en este mismo recinto”, disparó la concejal oficialista y presidenta de la comisión de Interpretación y Reglamento, Verónica Sabena.
Por su parte, la presidenta del bloque de Juntos, Yésica Avejera, justificó el voto negativo argumentando que “el proyecto no amplía los derechos que ya poseen los consumidores y usuarios, quienes además ya se encuentran protegidos bajo la legislación existente, y otorga más facultades a la Secretaría Contravencional, con las que no estamos de acuerdo”.
Actualmente existe la ley 4.240 de Defensa al Consumidor, que establece un marco general. Además, la ley provincial 13.133 regula la materia a nivel bonaerense, pero no determina cómo se implementa en cada distrito. “Cuando se legisló el procedimiento, se delegó en los municipios la aplicación de la ley nacional”, explicó una fuente del Ejecutivo ante la consulta de El Día de Escobar.
Desde el Municipio afirman que este nuevo marco jurídico fue creado con la intención de intensificar políticas de educación e información al consumidor, resolver conflictos y sancionar abusos. Además, contempla las audiencias a través de medios digitales.
También aseguran que esta normativa se orienta a ordenar procesos administrativos que permiten la resolución de conflictos en las relaciones de consumo, al tiempo que reduce costos a la justicia, especialmente los referidos a casos justiciables.
El nuevo código establece que el Ejecutivo “propiciará la formulación de políticas tendientes a proteger a las personas en las relaciones de consumo y de prevención de infracciones a las normas, dentro del marco constitucional de competencias municipales, estableciendo una infraestructura adecuada que permita implementarlas y aplicar las sanciones que correspondan”.
La redacción de este reglamento contó con la colaboración y coautoría de la Asociación Justicia Colectiva, una ONG constituida principalmente para defender los derechos de consumidores y trabajadores, y del abogado y especialista en la materia Dante Rusconi, quien el martes participó de la presentación del proyecto ante los concejales.
A esa reunión también asistieron el secretario de Gobierno, Leonardo Moreno, la titular de la Secretaría Contravencional, Graciela Cunial, y el subsecretario de Legal y Técnica, Nicolás Gaytán, quien señaló que “el objetivo no es solamente hacer audiencias de conciliación sino también asesorar y educar a la comunidad”.
Además, estuvieron presentes y manifestaron su conformidad con el proyecto el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate-Campana, Mariano Chausis; el defensor del Pueblo de Escobar, Guido Messa, y el coordinador académico del Colegio de Abogados de Zárate-Campana, Juan Ignacio Cruz Matteri.
Al término de la sesión, la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Guazzaroni, sostuvo que “este código pone nuevamente al partido de Escobar a la vanguardia. En principio, lo que hace es ordenar jurídicamente todas las normas que rigen o tutelan los derechos de los consumidores y los usuarios. Clarifica el procedimiento y eso permite que la población gane derechos cuando ocurre alguna situación de conflicto por una relación de consumo que esté contra la normativa”.
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