Contrabando de cobre: arrestan a un empresario en un country de Maschwitz

Se trata de un joven de 26 años, quien se encuentra preso y procesado por presunto lavado de fortunas producto del tráfico internacional de metales.

entrada al barrio san lucas

El avance de una investigación federal por contrabando de metales y lavado de activos terminó con la detención y procesamiento de Franco Sebastián Ludi, un empresario paranaense de 26 años que, en pocos años, conformó dos empresas con importantes movimientos económicos. Su arresto tuvo lugar en un barrio privado de la localidad de Ingeniero Maschwitz.

Ludi, allegado a un intendente de una localidad del interior de Entre Ríos, es propietario de Recicladora del Paraná, una chatarrería que el año pasado fue clausurada por graves irregularidades. La causa, que instruye el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, surgió a partir de la declaración de un imputado colaborador que describió el funcionamiento de una red de “chatarreros” vinculados al contrabando de cobre hacia Bolivia.

El material era exportado de forma irregular y luego vendido en el exterior -incluso a Estados Unidos-, generando millonarias ganancias que eran giradas a cuentas en Hong Kong y China, administradas por otros integrantes de la organización.

Los fondos regresaban al país mediante un sistema informal de cuevas financieras y empresas legales utilizadas para “pesificar” y blanquear el dinero. Según la investigación del Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico (DOCLAyFN) de la Policía Federal, los implicados articulaban empresas, casas de cambio y estructuras societarias destinadas a dar apariencia lícita a operaciones que, en los hechos, buscaban ocultar el origen ilícito del capital.

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Entre los acusados figuran, además de Ludi, Cristian Daniel Álvarez, Juan Carlos Russillo, Cristian Víctor González, Jorge David Vargas, Leandro Di Nunzio, Claudio Gabriel Umaño, María Rosa Stella y Huaying Chen Zhu. A todos se les atribuye integrar, desde al menos 2021, una asociación criminal dedicada al contrabando, lavado de activos y evasión impositiva.

En su descargo, el joven empresario entrerriano negó las imputaciones y afirmó que adquirió los bienes cuestionados a través de sus empresas Gestiones F&N SAS y Recicladora Paraná SRL, ambas formalmente inscriptas. Sin embargo, el expediente detalla inconsistencias patrimoniales severas.

Aunque figura como monotributista categoría B, con un tope anual de facturación de 13 millones de pesos, Ludi registró acreditaciones bancarias por más de 30 millones solo en 2024, además de compras de vehículos de alta gama y equipamiento de transporte por montos millonarios.

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La investigación también expuso conversaciones y registros hallados en su teléfono que muestran operaciones con grandes sumas de dinero, transacciones mediante criptomonedas y distribución de fondos a través de intermediarios. La Justicia considera acreditado que Ludi cumplía un rol central en la circulación y conversión de fondos vinculados al contrabando de metales.

Entrada al barrio san lucas, donde se realizó el allanamiento por contrabando
Escenario. La Policía detuvo al joven empresario y allanó su domicilio en el country San Lucas,

Detenido en el country

El allanamiento a su domicilio en el exclusivo barrio cerrado San Lucas, Ingeniero Maschwitz -donde las propiedades superan los 250 mil dólares- reveló un nivel de vida incompatible con sus ingresos declarados.

Ludi convivía allí con su novia, hija de un intendente entrerriano, quien figura mencionada en el expediente por la ostentación pública de viajes y gastos que también llamaron la atención de los investigadores, según publicó Análisis Digital.

Actualmente, el empresario permanece detenido en el Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA, mientras avanza el proceso judicial.

La jueza Arroyo Salgado dictó su procesamiento y ordenó un embargo por 5 mil millones de pesos, al considerar que los bienes y fondos detectados no pueden justificarse mediante su actividad económica formalmente declarada.

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