Angustia por el desalojo de cinco familias en la costanera de Escobar

Escenas de profunda angustia y tensión se vivieron este martes en los alrededores de la costanera de Escobar, donde cinco familias fueron desalojadas de un predio por orden judicial. Los afectados sostienen que residían allí desde hace varias décadas y cuestionaron la forma repentina en la que se llevó adelante el procedimiento.

Al recibir la notificación del desalojo, las familias comenzaron a retirar de urgencia sus pertenencias. Muebles, electrodomésticos y objetos personales quedaron apilados afuera de las viviendas, mientras vecinos y familiares se acercaban para colaborar. La tarea se extendió hasta entrada la noche, en un clima de conmoción y tristeza.

El operativo se realizó en cumplimiento de una resolución judicial que dispuso la desocupación inmediata del predio ubicado en la intersección del Arroyo El Correntino y el Paraná de las Palmas. Durante el procedimiento, el acceso al lugar estuvo custodiado por fuerzas de seguridad.

Los residentes estaban desconsolados. Aseguran que ellos construyeron sus viviendas, que cuentan con servicios públicos a su nombre y que habían iniciado trámites de usucapión para regularizar la situación dominial. Además, denunciaron supuestas irregularidades en el accionar judicial y señalaron que la orden de lanzamiento se habría presentado sin una notificación previa.

El supuesto titular de ese predio sería Luis Roberto Ardoino, un isleño muy conocido, ex miembro de las fuerzas de seguridad bonaerense. El hombre aseguró que el proceso judicial se habría iniciado el 18 de diciembre pasado y cuestionó la rapidez con la que se dictó la orden. “Es raro que en tan pocos días, y en plena feria judicial, haya salido el desalojo y sin darnos tiempo para sacar nuestras cosas. Somos cinco familias y toda una vida acá”, afirmó.

Según su relato, él tenía un acuerdo verbal con la propietaria del terreno, fallecida hace años. “Ella murió y nadie más se presentó. Hace unos años inicié los trámites de usucapión, para poner todo en orden. Todos los servicios llegan a mi nombre. Tengo todo y todo fue presentado cuando hice la posesión. Ni siquiera conozco a la persona que inició el juicio. Este es un lugar muy codiciado por gente influyente”, sostuvo.

Una de las vecinas afectadas vinculó el desalojo con intereses económicos sobre la zona. “Hace 45 años que vivimos acá y ahora nos quieren sacar todo para hacer un puerto cerealero. Un tipo con mucho poder nos está dejando en la calle”, remarcó en un video que circuló por redes sociales.

Por su parte, María Ardoino, hermana de “Beto” Ardoino, expresó el arraigo familiar en el lugar y el impacto emocional de la medida. “Yo venía siempre acá. Vivo en Escobar y los fines de semana me venía para estar con ellos. Mi hermano, Beto, es de acá de toda la vida. Mi hija era chiquita cuando veníamos, ahora tiene 52… Mirá si hace años que mi hermano vive acá. Es algo inaceptable”, expresó, visiblemente afectada, ante las cámaras de Crónica TV.

La mujer también cuestionó la forma en que se ejecutó el desalojo: “Tendrían que haberles dado tiempo. Esto es de ellos, es el sacrificio de toda una vida. Es algo muy injusto. En este momento estoy muy mal”, afirmó.

Desde el Municipio, ante la consulta de El Día de Escobar, indicaron que el predio no pertenece a tierras fiscales sino privadas y que la causa judicial llevaba varios años en trámite. Al respecto, precisaron que la resolución que ordenó el desalojo se dictó el 18 de diciembre y fijó como fecha de ejecución el 6 de enero.

Asimismo, señalaron que la Comuna no tuvo intervención en la decisión judicial y que, por el contrario, el área de Desarrollo Social estuvo presente durante el operativo para asistir a las personas desalojadas. También informaron que se pusieron a disposición camiones para el traslado de muebles y pertenencias y que el Municipio mantiene contacto con las familias afectadas.

Este medio también consultó a los voceros oficiales sobre los dichos de los vecinos respecto a que en el predio desalojado se instalará el puerto cerealero. Al respecto, la respuesta fue negativa. “Por el puerto hay un estudio de prefactibilidad aprobado que recae sobre parcelas que no están cerca de la parcela donde se realizó el desalojo”, afirmaron.

El hecho generó conmoción en la zona ribereña y volvió a poner en foco la situación de las ocupaciones históricas, el arraigo comunitario y el impacto social de los desalojos ejecutados sin instancias previas de relocalización.

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