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Tras un breve debate, el proyecto para impedir que la titular del organismo pueda ejercer su actividad profesional quedó en suspenso.
El concejal "Coty" Rognone volvió sobre sus propios pasos al dilatar la votación del expediente.
Pese a todos los amagues y contra lo que se esperaba hasta apenas unas horas antes del inicio de la sesión, el Concejo Deliberante dejó en suspenso este miércoles la aprobación de un proyecto de ordenanza impulsado por el oficialismo para prohibir que la Defensora del Pueblo de Escobar pueda ejercer su actividad profesional paralelamente a su desempeño como funcionaria pública.
Sorprendió el repentino cambio de actitud del PJ, que en el plenario de comisiones de la semana pasada había impuesto el tratamiento de ese expediente, que salió con dos despachos: el de mayoría, avalado por el oficialismo y los bloques peronistas disidentes, aconsejaba su aprobación; y otro suscripto por los dos concejales de AVE que se oponía de plano.
Tras un intercambio de posiciones que se extendió por espacio de casi media hora, el autor de la iniciativa, José María Rognone, viró en su postura inicial al proponer que el expediente no fuera votado en la sesión, a cambio de girarlo a la asesoría legal del cuerpo y a la Defensoría del Pueblo, para conocer la opinión de su titular, la abogada Rocío Fernández.
La casi insólita decisión contó con el respaldo de 16 de los 18 concejales presentes, ya que Luis Balbi y Néstor Bodes (Unión Celeste y Blanco) se inclinaron por la abstención sin pronunciar palabra. Curiosamente, no concurrieron a la sesión los jefes de las dos principales bancadas: Luis Carranza, del PJ, y Jesús Angioi, de Unión Celeste y Blanco.
De esta manera, las posibilidades de que el expediente sea aprobado parecen diluirse, en lo que a la vista de los acontecimientos pareció un mero amague del oficialismo por incomodar al vecinalismo, otrora primera minoría del HCD y a cuyas filas pertenece la abogada Fernández.
El debate en las bancas
Alejandro Fedeli (AVE) defendió la labor de Fernández y cuestionó las motivaciones de Rognone.
Alegando su intención de corregir el controvertido artículo 10º de la ordenanza sancionada en 2008 que dio origen a la Defensoría del Pueblo de Escobar el concejal Rognone -en aquel momento secretario del HCD- sostuvo que agregar entre las incompatibilidades para estar al frente de ese organismo el ejercicio de la actividad profesional significaría “mejorar la calidad institucional”.
En los fundamentos de su presentación, el concejal de Maquinista Savio expuso la “falta de concordancia” de la ordenanza 4597/08 con normas de similar tenor de otros municipios bonaerenses en cuanto a las incompatibilidades de quienes ejercen este mismo cargo, los cuales tienen vedada cualquier otra actividad, pública o privada, como también sucede con las defensorías del Pueblo de Nación y Provincia.
“Nuestra norma, en su redacción actual, permite a quien ocupe el cargo valerse en forma remunerada, directa o indirectamente, de facultades o prerrogativas inherentes a su función para fines ajenos a la misma dentro del ámbito judicial”, había expresado Rognone en su proyecto, que fue leído durante la sesión para robustecer su base argumental.
La reacción del vecinalismo no se hizo esperar. “Son argumentos carentes de sustento”, replicó Alejandro Fedeli, que rebatió cada uno de los ejemplos expuestos por Rognone en el proyecto de ordenanza con comparaciones de otras comunas. También advirtió que la Fernández “asumió su cargo con otras condiciones”, situación que comparó a “cambiar de bote en el medio del mar”.
“La postura que se plantea es insostenible. Estamos convencidos de que se esconde otra intención”, disparó el presidente de la bancada vecinalista, sin ampliar al respecto pero dejando entrever un supuesto interés del oficialismo en avanzar sobre la continuidad de Fernández en el cargo. “En vez de estar tratando esta cuestión deberíamos estar haciendo un reconocimiento de la actuación de nuestra defensora”, remarcó.
El intercambio de opiniones también contó con alocuciones de Ana Padilla, María Rosa Pereyra (PJ) y Oscar Fontán, que no hicieron más que reforzar algunos de los conceptos ya expresados por Rognone. A la primera, no obstante, Fedeli le enrostró la contradicción de haber votado la actual redacción de la ordenanza a la que ahora apoyaba modificar en uno de sus aspectos medulares.
Agotado el inusual debate legislativo y apoyándose en la falta de unanimidad, Rognone intentó mostrarse contemporizador y propuso girar el expediente a la asesoría legal del HCD y a la Defensoría del Pueblo, para que Fernández emita su opinión.
Así las cosas, la sensación de que todo fue un simple amague quedó flotando en el ambiente. Por ahora, el oficialismo le mostró sus dientes al AVE, pero tras el primer ladrido desistió de morderlo. Eso sí, quedó claro que tiene suficientes colmillos para lastimarlo en cuanto se lo proponga.
Banco y pasos a nivel
Por unanimidad, en la sesión de este miércoles se aprobó un proyecto de resolución para solicitar a las cámaras legislativas bonaerenses la apertura de una sucursal del Banco Provincia en Matheu y la sanción de una ley que reconozca el rango de ciudad a esa centenaria localidad.
También con el voto de todos los concejales presentes se sancionó una resolución dirigida a Trenes de Buenos Aires (TBA) para que repare el material asfáltico de los pasos a nivel de las avenidas Tapia de Cruz y 25 de Mayo, así como los de las calles Don Bosco y César Díaz.
