“Desde 1911 no había una reforma política integral”

portada El diputado K de Maschwitz dio una charla en la que destacó la iniciativa del Gobierno, que recibió media sanción de la Cámara Baja el jueves 19.

landau

Jorge Landau, una voz a favor de la reforma.

El diputado justicialista Jorge Landau ofreció este lunes 23 una disertación sobre el proyecto de ley de reforma política impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que establece la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos que postulen precandidatos para cargos electivos  nacionales.

Los diversos aspectos de esta iniciativa, a la que la Cámara Baja dio media sanción el jueves 19 -con 135 votos a favor y 99 votos en contra-, fueron desgranados por el legislador maschwitzense durante la exposición que brindó en la Casa de la Cultura de Escobar.

Entre otros asistentes a la jornada, organizada en conjunto por el Club de Leones y el Rotary Club de Escobar, se destacaron el intendente Sandro Guzmán, el presidente del Concejo Deliberante, Elio Miranda; y el titular del bloque oficialista, Luis Carranza. Perdido en una silla de la última fila también se dejó ver el secretario de Gobierno, Hugo Cantero. Más allá de otros funcionarios y políticos, el auditorio contó con la presencia de representantes de instituciones intermedias, invitados por las entidades organizadoras: Rotary Club y Club de Leones de Escobar.

“Desde 1911, con la ley Saenz Peña, no se hacía una reforma política integral como esta en el país”, aseveró Landau en su ponencia, que tras abarcar distintos aspectos conceptuales se sometió a las preguntas del público.

Luis Carranza, Sandro Guzmán y Elio Miranda, en la primera fila de la sala.

Luis Carranza, Sandro Guzmán y Elio Miranda, en la primera fila de la sala.

Las claves del proyecto

– Establece primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todos los partidos y alianzas electorales para la designación de candidatos. Pero no habrá padrones partidarios. Es decir que los ciudadanos en condiciones de votar lo podrán hacer en la interna que elijan.

– No podrán ser candidatos las personas procesadas por crímenes de lesa humanidad o por violaciones graves a los derechos humanos. Tampoco el personal superior o subalterno de las Fuerzas Armadas y de seguridad, ni los magistrados ni directivos o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas.

– Se fija el segundo domingo de agosto como fecha para las primarias conjuntas.

– Todas las líneas internas de un mismo partido o de los distintos que componen una alianza serán parte de la junta electoral. También podrá realizarse corte de boletas, para los distintos cargos electivos, como en una elección general.

– Los partidos o alianzas que no superen en la interna el uno y medio por ciento del padrón electoral no podrán participar de la elección general.

– Se eliminan las listas colectoras o espejos.

– Habrá un solo padrón electoral unificado. No existirá más la división por sexo.

– Se prohíbe la difusión de encuestas sobre intención de voto ocho días antes de la elección general.

– Para su reconocimiento electoral, los partidos tendrán que conseguir la adhesión del 4 por mil de los empadronados de cada distrito donde busque la personería. Pero contará con 150 días después de su reconocimiento para transformar esas adhesiones en afiliaciones partidarias. Los afiliados podrán pedir su baja del padrón partidario en forma telegráfica, a cargo del Ministerio de Interior. La cantidad de afiliados se revisará cada año, si no conservan el piso mínimo perderán su personería.

– Si un partido no se presentara en dos elecciones consecutivas o sacara menos del dos por ciento del padrón electoral en cada una de ellas, también perderá su personería.

– El Estado repartirá los espacios de publicidad audiovisual entre todos los partidos y alianzas. El 50 por ciento será repartido por igual y el 50 restante de acuerdo a los porcentajes alcanzados por cada uno de ellos en la última elección general.

– Las empresas no podrán aportar al financiamiento de los partidos políticos. Los aportes deberán ser de personas física pero no jurídica.

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