-
-
Este miércoles se aprobaría un proyecto de ordenanza del PJ que impedirá a la titular del organismo desempeñar su actividad profesional.
La Defensora del Pueblo se mantuvo al margen de la polémica y no dejó dudas respecto a su continuidad.
El tratamiento de un proyecto de ordenanza del oficialismo que procura impedir a la Defensora del Pueblo el desempeño de su actividad profesional rompería este miércoles con la monótona tendencia del Concejo Deliberante de aprobar por unanimidad todos los expedientes.
Desde la Acción Vecinal de Escobar (AVE), a cuyas filas pertenece la titular de la Defensoría, Rocío Fernández, ya adelantaron su voto en contra de esta iniciativa en el plenario de comisiones que se realizó el miércoles 7. No obstante, en la mayoritaria bancada oficialista existiría un amplio consenso sobre este proyecto del concejal José María Rognone, al que también adheriría el trío de Unión Celeste y Blanco.
Con la modificación del artículo 10° de la ordenanza 4597, sancionada en 2008, se agregaría entre las incompatibilidades para estar al frente de la Defensoría del Pueblo de Escobar el ejercicio de la actividad profesional. En el caso de Fernández, si el proyecto se convierte en norma no podrá continuar atendido asuntos legales en su estudio jurídico mientras permanezca en la función pública.
Posturas opuestas
“Es ilógico que se establezca esta prohibición. Con ese criterio, los concejales tampoco podríamos ejercer otra actividad paralela. Además, en los lugares donde se fijó esa incompatibilidad los sueldos de los defensores son mucho más elevados”, sostuvo el presidente del bloque vecinalista, Alejandro Fedeli, en declaraciones a El Día de Escobar.
Rognone, por su parte, esgrimió que “es así en Nación, en Provincia y en otros municipios, porque esto impide que el funcionario pueda favorecerse con prerrogativas de su cargo. Esto es algo que tiene que ver con la norma y la figura de la institución, no con la Defensora del Pueblo en sí”, explicó.
El artículo sobre el que Rognone pretende escarbar es quizás el que más se discutió -puertas adentro- cuando se sancionó la ordenanza que dio forma a la Defensoría del Pueblo. De hecho, reconoció que desde su lugar de secretario del Concejo Deliberante, en aquel momento, se había manifestado en desacuerdo con que la actividad profesional no se incluya entre las incompatibilidades. Y reveló que “lo mismo habían planteado los concejales Javier Pérez y Patricia de la Cruz. Por eso hoy, que tengo voz y voto, presento este proyecto”, fundamentó.
Cuando esta iniciativa salió a la luz, a fines de enero de este año, la abogada Fernández dejó en claro su intención de no convertirse en rehén de una disputa política al adoptar una posición discreta casi hasta la neutralidad. “Si bien este proyecto modifica las condiciones con las cuales asumí el cargo, no lo hace sustancialmente ni vulnera la autonomía funcional de la institución, lo cual tornaría diferente mi opinión. Después de todo, es una vieja discusión acerca de la exclusividad que debe tener el funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, razonó reflexiva.
