El Municipio permutará dos parcelas linderas a la necrópolis por terrenos fiscales sin afectación. El proyecto recibió fuertes críticas en el Concejo Deliberante, aunque fue aprobado en votación dividida.
En votación dividida y tras un debate inusualmente extenso en las bancas, el Concejo Deliberante terminó aprobando por mayoría este miércoles un canje de tierras que permitirá la ampliación del colapsado cementerio municipal de Belén de Escobar.
La falta de espacios disponibles en la necrópolis local viene de larga data, aunque ya se encuentra en un punto límite donde la necesidad se convirtió en urgencia. Así las cosas, el Municipio encontró como alternativa la posibilidad de ampliarlo a dos parcelas linderas de 74 mil metros cuadrados. Pero no a través de una compra sino mediante una permuta.
Para ahorrarse un gasto aproximado de 7 millones de pesos no previsto en el Presupuesto de 2016, el Ejecutivo propuso canjear seis terrenos fiscales sin afectación por esas dos parcelas. Una suerte de trueque, aunque formal, sin intervención de dinero. Mano a mano.
Cuando llegó el momento de tratar el expediente, desde el bloque macrista arremetieron con una larga lista de observaciones sobre los alcances y las condiciones de la operación. Entre otras, que el Municipio estaría haciendo un mal negocio al tomar las nuevas tierras a un valor muy superior al de mercado, según las propias cotizaciones obrantes en el pliego. De hecho, mientras que una de las inmobiliarias consultadas tasó el metro cuadrado en 3 dólares, otra le asignó un valor de 6,5 dólares, que finalmente fue el que se usó como referencia para igualar el intercambio de inmuebles.
El presidente de la bancada de Cambiemos, Cristian Vila, precisó que las dos parcelas linderas al cementerio fueron adquiridas en noviembre de 2015 a un valor de 125 mil dólares, mientras que ahora el Municipio aceptaría por ellas un precio de 480 mil dólares. Es decir, cuatro veces más.
También se cuestionó que los terrenos que la Comuna entregará a cambio, si bien cuentan con una superficie similar, tienen un precio mayor al de las tierras que recibirá. Más aún teniendo en cuenta que dos de las parcelas fiscales están ubicadas en un área de Loma Verde apta para desarrollos inmobiliarios, lo que multiplica su valor potencial.
Otro aspecto enmarañado del caso es que los lotes linderos al cementerio fueron adquiridos por un tercero «en comisión» -o sea, para otra persona cuya identidad se desconocería-, quien acreditó la titularidad del dominio con un boleto de compra-venta y un poder especial de representación. Desde Cambiemos advirtieron que en el Registro de la Propiedad Inmueble ambos terrenos están inscriptos a nombre de sus anteriores doce dueños -lo habían comprado en un remate y algunos de ellos ya fallecieron-, por lo que el Municipio se vería en la imposibilidad de escriturarlos.
«Está todo muy flojo de papeles, no sabemos a quién le estamos comprando y no podemos hacer la vista gorda ante algo así», expresó la concejal macrista María Paula Cufré, muy participativa en la discusión del expediente, al igual que su par Esteban Colley. «Esto es un chino, económicamente es desventajoso para el Municipio y el resultado va a ser totalmente negativo», coincidió Miguel Jobe, del monobloque Proyecto Escobar, quien sorprendió al romper su habitual alineamiento con el oficialismo.
Como contrapunto, en la bancada del Frente para la Victoria se basaron en que el asesor letrado del cuerpo, Eduardo Romero, emitido un dictamen favorable a la permuta y antepusieron que se trata de «una oportunidad única e inmejorable» para resolver la necesidad de aumentar la capacidad del cementerio. Lo expuso de la peor forma -una vez más- Oscar Fontán: «Ya que el concejal Colley no está de acuerdo, le podríamos llevar los difuntos a su casa hasta que resolvamos el tema de la escritura», disparó, tan alterado que el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Cali, lo interrumpió para pedirle que modere sus expresiones.
Finalmente, tras más de una hora de alocuciones, el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo se sometió a una votación nominal que arrojó un resultado de 17 concejales a favor -FPV, Frente Renovador y PJ- y 7 en contra: los 6 de Cambiemos y Jobe, con lo cual el oficialismo obtuvo la mayoría especial de dos tercios que necesitaba para sancionar la ordenanza.