El juez federal Adrián González Charvay levantó la medida cautelar que pesaba sobre Araucaria Energy S.A. En principio, podrá funcionar con dos turbinas a modo de prueba hasta mediados de año.
Después de cinco años de idas y vueltas, la empresa Araucaria Energy S.A consiguió dejar provisoriamente sin efecto la medida cautelar que había dispuesto el cese de su actividad por el impacto ambiental negativo que provocaba. El juez federal Adrián González Charvay la autorizó a poner en funcionamiento dos de sus cuatro turbinas hasta mediados de año, a modo de prueba.
La resolución del titular del Juzgado Federal de Campana, emitida este martes, se basa en la modificación de las condiciones por las que inicialmente se había dictado la medida cautelar que suspendía la operatoria de la denominada Central Termoeléctrica Matheu III, perteneciente a Araucaria, situada en el límite entre los partidos de Escobar y Pilar, sobre la calle Alborada.
Matheu II y Matheu III son dos usinas de generación termoeléctrica catalogadas como industrias categoría 3, peligrosas desde el punto de vista ambiental, que se instalaron en 2016 en una zona de la localidad pilarense de Villa Rosa, que hasta entonces estaba catalogada como residencial.
Para revertir la cautelar que él mismo había ordenado en diciembre de 2017, González Charvay consideró tres aspectos. En principio, que la Central Matheu II, de APR Energy S.A, que operaba con diez turbinas, cesó su funcionamiento en forma definitiva y desmanteló sus instalaciones a mediados del año pasado.
Para el juez, esta situación “sin lugar a dudas importa una modificación sustancial de las condiciones iniciales”, ya que hoy solo queda Matheu III, operada por Araucaria.
Decisión. El juez federal González Charvay revirtió la medida cautelar que había firmado en 2017.
De la misma manera, el magistrado consideró de “especial trascendencia” un informe elaborado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (ex OPDS), donde se plantea que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, iniciado en febrero de 2022, “agrava la posibilidad de garantizar el suministro eléctrico indispensable para la población” por la crisis de abastecimiento energético que genera a nivel internacional.
En tercer lugar, el juez expuso en los argumentos de su fallo “la falta de objeción por parte de la Municipalidad de Pilar a la solicitud efectuada” por Araucaria, además de la conformidad prestada por el Ministerio de Ambiente de la provincia Buenos Aires, a partir de nuevos estudios de impacto ambiental que se incorporaron al expediente.
Con base en esos fundamentos, González Charvay accedió parcialmente al pedido de la empresa energética para autorizar el funcionamiento provisorio de la Central Matheu III con dos turbinas -la mitad de su potencia- en el horario comprendido entre las 8 y las 21 hasta el 30 de junio, con carácter de prueba.
Asimismo, requirió a la Municipalidad de Pilar que “en el marco de sus atribuciones, practique controles periódicos de fiscalización del funcionamiento de dicha planta” y eleve los resultados a la sede del tribunal.
Reacciones negativas
Apenas se conoció la resolución judicial, desde el Municipio de Escobar difundieron un comunicado manifestando un “enfático rechazo”, al tiempo que afirmaron que harán todo lo que sea posible “para impedir que la central vuelva a funcionar”.
Además, señalaron que la intendenta interina Verónica Sabena firmó tres escritos dirigidos al Ministerio de Ambiente de la provincia, a la Municipalidad de Pilar y al juez interviniente reprobando esta decisión.
“La presentación se realiza, en particular, en defensa de los vecinos y vecinas de la localidad de Matheu, ubicados a pocos metros del límite con el partido de Pilar. Y, en general, pensando en los daños al ambiente que esa actividad produce”, señala el comunicado.
A su vez, anuncia que la Municipalidad “deja expresa reserva de articular las acciones legales pertinentes para evitar y prevenir sucesos que puedan afectar los derechos de los vecinos y vecinas del distrito escobarense”.
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Asimismo, recordaron que Matheu II y Matheu III pudieron instalarse en 2016 a partir de una excepción al código urbano concedida por el intendente pilarense de ese momento, Nicolás Ducoté, quien habilitó el uso industrial de ese predio, ubicado en ruta 25 y Alborada, que hasta entonces tenía zonificación residencial.
“Cabe destacar que, en agosto de 2020, se logró la clausura de la misma gracias a las gestiones conjuntas de los intendentes Ariel Sujarchuk y Federico Achával ante el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)”, rememora el texto oficial.
Además, recuerda que esa medida “fue concretada en base a las mediciones que constataron la contaminación sonora generada por la central termoeléctrica, algo que vecinos de Escobar y Pilar venían denunciando desde la polémica puesta en funcionamiento de la empresa en 2018, cuando la provincia de Buenos Aires era gobernada por María Eugenia Vidal”.
“En esa oportunidad, la justicia de primera y segunda instancia dio por acreditados los potenciales efectos nocivos para la salud y el ambiente que podrían generar las termoeléctricas y los cinco millones de litros diarios tomados del acuífero Puelche que requerirían su funcionamiento”.
Por su parte, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados calificó de “arbitrario” el fallo del juez Charvay, quien “decidió levantar la feria judicial” y modificar la medida cautelar vigente desde 2017 a partir de un nuevo estudio de impacto ambiental realizado por dos consultoras privadas (Estrategias Ambientales y DAKAR, contratadas por la empresa Araucaria), respaldado por la Municipalidad de Pilar y el Ministerio de Ambiente de provincia.
Los ambientalistas consignaron que “el magistrado resolvió permitir el funcionamiento provisorio de la Central Matheu III argumentando que es necesario producir energía para evitar el desabastecimiento del suministro en eléctrico en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia”.
“Consideramos que el fallo es arbitrario, no aplica los principios del derecho ambiental, permite el funcionamiento sin la totalidad de los permisos y/o habilitaciones ambientales y habilita el funcionamiento supuestamente para pruebas, pero lo hace por un período de seis meses que es muy extenso para una simple prueba que, como mucho, puede durar un par de días”, señalaron.
“Insistimos en las irregularidades que se continúan presentando en este proceso, que hoy demuestra que la Justicia vuelve a actuar privilegiando intereses y que el actual gobierno de Pilar accede a una acción irregular presentando conformidad para la modificación de la medida cautelar dictada, incumpliendo su promesa de campaña”, concluye el comunicado de la organización.
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Fuente: El Día de Escobar
